La Comisión Independiente de Investigación de Bahrein (BICI), designada por el rey Hamad bin Issa al Jalifa para investigar las manifestaciones antigubernamentales de febrero y marzo y la represión de las mismas, ha llegado a la conclusión de que hubo un «uso excesivo de la fuerza» por parte de los efectivos de seguridad. La publicación no aplacó al tensión en el país, por la que un hombre murió en la ciudad de Aali, donde la Policía dispersó con bombas lacrimógenas y balas de goma a los manifestantes hostiles a la monarquía suní.

Sobre el informe, el presidente de la comisión, Cherif Bassiouni, señaló que algunos detenidos fueron sometidos a torturas y que en algunos casos las confesiones que se extrajeron mediante estos abusos fueron usadas contra los arrestados. Según Bassiouni, durante las protestas y la represión de las mismas, murieron 35 personas y se atacó intencionadamente a la minoría suní.

El presidente de la BICI reclamó igualmente que se revisen las sentencias dictadas contra las personas acusadas de haber provocado los disturbios, entre ellas varias condenas a muerte. Añadió que no hay pruebas claras que vinculen a Irán con las protestas, que protagonizaron principalmente los chiíes de la isla.

El rey promete reformas

Tras la publicación del informe, el monarca aseguró que los oficiales acusados de abusos durante las protestas serán juzgados y relevados de sus cargos. Asimismo, reconoció que «debemos reformas nuestras leyes para ponerlas conforme a los estándares internacionales». Pese a lo explicado en el informe, insistió en culpar a Irán de los incidentes.

Por su parte, el Gobierno bahreiní admitió que cinco personas detenidas murieron como consecuencia de las torturas, aunque lo desvinculó de la política gubernamental. La oposición chií replicó que los abusos fueron «sistemáticos y programados».