El hospital de Alzira, en el País Valenciâ, constituyó el primer experimento. En 1999, el gobierno valenciano, en manos del PP, cedió terrenos públicos para la construcción de un centro médico al consorcio formado por el grupo Ribera (gestión sanitaria), Adeslas (aseguradora médica), Lubasa (inmobiliaria) y Dragados (constructora). Las cuatro empresas no solo edificarían, sino que también tenían licencia para administrar el hospital. La fórmula era la siguiente: el Departamento de Salud abogaba un canon de 300 euros por paciente y se desatendía por completo de la cobertura médica en la zona, que pasaba a manos de las compañías privadas. Con el tiempo, este fue el modelo adoptado por los gobiernos conservadores en País Valencià y la Comunidad de Madrid, dos de los principales buques insignia del PP. Aunque CiU también ha mostrado sus prefrencias por un modelo que, cada vez más, se impone en el Principat.

En medio de la fiebre del ajuste, con el copago sanitario en boca de ciertos líderes españoles y cuando el PP ya estructura su próximo gobierno conviene analizar cómo funciona la Sanidad en el feudo de Esperanza Aguirre. Es cierto que la gestión de hospitales y centros de salud en el Estado español corresponde a las comunidades. Por lo tanto, en Euskal Herria, está en manos de los gobiernos de Lakua e Iruñea. Pero con la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa se podría abrir la puerta a nuevas normas marco estatales que facilitarían la entrada de más capital privado en los servicios públicos.

«El origen de todo es la Ley 15/97, que permite la entrada de entidades privadas en la gestión de los centros sanitarios», advierte Ángel Navarro, enfermero en un pequeño centro de Vallecas y miembro de CAS, la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid. La norma, aprobada durante la primera legislatura de José María Aznar al frente del Ejecutivo español (y que contó también con los votos de PSOE y PNV), permitía que las empresas privadas optasen por primera vez a la gestión de los espacios sanitarios. Y fue aprovechada. Dos años después, el PP realizaba el primer ensayo en Alzira. Esperanza Aguirre les imitó nada más hacerse con el poder en 2003.

El hospital de Valdemoro, cedido en 2005 a la empresa Caspio, de capital sueco, se convirtió en la punta de lanza de la privatización aguirrista. El funcionamiento es el mismo que en Alzira. Y eso que la experiencia valenciana no fue tan exitosa. Al tiempo de ponerse en marcha, La Ribera se declaró en quiebra. Así que la Generalitat rescató el proyecto con 60 millones de euros y lo volvió a ceder a la misma empresa, ampliándole el radio de acción (además del hospital se asignaron varios centros de salud) y aumentándole la cuota que abonaba por paciente: se pasó de 300 a 500 euros. En Madrid, la apuesta por lo privado prevalece en los ocho centros construidos en los últimos años. En algunos, como el de Valdemoro, la empresa controla todo. En otros, como Vallecas, la administración todavía mantiene el personal médico, previo pago de importantes sumas a los dueños por la utilización del espacio.

«La disyuntiva está en la rentabilidad social y la económica», advierten desde CAS Madrid, que han alertan sobre la tendencia registrada en la capital del Estado español: mientras que los centros privados asumen los pacientes menos problemáticos, a los públicos se desvían únicamente aquellos con enfermedades crónicas y que suponen un mayor gasto médico.

¿La legislatura del copago?

La irrupción de la empresa privada en los servicios médicos es ya un hecho. Ahora, los responsables políticos españoles ya han introducido en el debate el concepto del «copago», que obliga a los pacientes a abonar una suma de dinero cada vez que se acude a a la atención primaria o al especialista. «Es más que previsible que se introduzca este formato», alerta Nines Maestro, doctora y especialista en cuestiones de Salud Pública. Maestro alerta que este sistema, ya implantado en Italia o Portugal, es utilizado para «filtrar» a pacientes con pocos recursos. Apenas dos días despues de las elecciones, Artur Mas ya ha introducido el copago farmacéutico en el Principat. Y solo es el inicio.