Si el miércoles el Gobierno de Lakua anunciaba un ahorro de cien millones de euros en gastos de personal, lo que se traducirá en una merma en los derechos de los trabajadores de la administración pública, ayer los partidos que sostienen al Ejecutivo aprobaron la modificación de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social, que eleva de uno a tres años el requisito de empadronamiento para acceder a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

La reforma, que salió adelante con los votos de PP y PSE y la abstención de PNV y UPyD, supone un castigo añadido para miles de personas que apenas subsisten gracias a la RGI y que, una vez entre en vigor, se verán abocados a la pobreza extrema. Asimismo, al incluir en el proyecto de Ley el traslado de la gestión íntegra de la RGI y de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) a Lanbide, al objeto de ligar las prestaciones con la «búsqueda activa» de empleo, lo que se hace es obligar a los perceptores a aceptar trabajos precarios, en muchos casos cercanos a la explotación laboral, lo que redundará en beneficio de la patronal. Es una vuelta de tuerca para aquellos que más sufren los rigores de la crisis, que ven cómo las instituciones tienen respecto a ellos una sensibilidad mucho menor a la que demuestran con determinadas obras y proyectos. Erradicar la pobreza o siquiera paliar sus efectos no es un objetivo estructural para quienes gobiernan en Gasteiz.

Esta medida, además, tiene un importante trasfondo político, ya que alimenta posiciones demagógicas y populistas que estigmatizan a quienes se ven obligados a demandar la RGI. Posiciones en las que se ha movido con comodidad el PP y que el PSE parece haber asumido sin grandes contradicciones. Una vez más, el partido de Patxi López se mantiene a rebufo de la derecha más extrema de Europa, sumando a su falta de audacia para afrontar el nuevo escenario político una incapacidad manifiesta para hacer frente a la crisis de forma que no salgan perjudicados los mismos de siempre.