PSE y PP dan luz verde a los tres años de empadronamiento para la RGI
El Parlamento de Gasteiz aprobó ayer la modificación de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social por la que se eleva de uno a tres años el empadronamiento mínimo para poder percibir la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). El grueso de la ley, cuya discusión se prolongó durante más de una hora, fue aprobado con los votos de PSE-EE y PP, la abstención de PNV y UPyD, y la oposición de Aralar, EA y EB.
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Con la modificación de la ley, que entrará en vigor el 1 de enero de 2012, se cambian los requisitos para poder acceder a la Renta de Garantía de Ingresos, que actualmente perciben 55.000 personas. Para poder solicitarla, será necesario haber tenido la residencia efectiva en la CAV al menos con un año de antelación, pero si no se llega a los tres de empadronamiento, los solicitantes deberán acreditar al menos cinco años de actividad laboral remunerada.
Las personas que soliciten acogerse a las ayudas, además de acreditar que sus ingresos no alcanzan los niveles mínimos, deberán demostrar su disposición a incorporarse al mercado de trabajo. Así, se retirará la prestación a aquellos titulares que rechacen una oferta «acorde con sus posibilidades».
La reforma también incluye que los perceptores de las ayudas, salvo pensionistas, personas con invalidez absoluta y menores de 23 años, deberán estar disponibles para trabajos de carácter social en situaciones de emergencia o especiales.
Mientras PSE-EE y PP argumentaron que esta reforma no recorta derechos, la mayoría de los grupos de la oposición alertaron de que se va a dejar fuera de las ayudas a muchas personas en un momento de crisis.
La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, defendió la reforma al considerar que busca desarrollar una «política social basada en el empleo y no en el subsidio», como el modelo alemán. Zabaleta añadió que los poderes públicos no deben ser paternalistas, sino protectores y deben posibilitar empleo al que pueda trabajar y protección a quien no.
Teresa Laespada (PSE-EE) defendió el carácter «progresista» de la ley y dijo que si se ponen requisitos para acceder a la RGI es porque los recursos no son ilimitados.
Laura Garrido (PP) señaló que la ampliación del mínimo de empadronamiento de uno a tres años es algo «razonable y justo» y señaló que el objetivo de esta reforma es la «activación» laboral de los perceptores de la RGI.
Garbiñe Sáez (PNV) reconoció que en la reforma se han incluido planteamientos propuestos por su grupo, pero que hay aspectos con los que no está de acuerdo. Sáez defendió una enmienda para que hubiera una moratoria de un año en la entrada en vigor, porque hacerlo ahora puede provocar «el caos y la saturación» de Lanbide, que va a gestionar estos subsidios.
Más que en Nafarroa
Aintzane Ezenarro (Aralar) criticó que el Gobierno de Gasteiz haya ido «más allá que la extrema derecha navarra», en referencia a que el Gobierno foral aprobó el miércoles el proyecto de ley que regulará la renta de inclusión social, en el que se pasa de 12 a 24 meses el requisito mínimo de empadronamiento.
Juanjo Agirrezabala (EA) coincidió en que el PSE ha preferido «ponerse a la derecha» y hacer recortes «que tanto gustan al PP» y advirtió de que con estos nuevos requisitos van a quedar unas 3.500 personas sin percepción de la RGI.
Mikel Arana (EB) criticó el «endurecimiento del acceso» a la RGI con el objetivo de «adelgazar el sistema de protección social» y Gorka Maneiro (UPyD) mostró su rechazo a que se recorten las prestaciones sin que se adopten otras medidas como la lucha contra el fraude fiscal.
Colectivos sociales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y sindicatos se concentraron frente al Parlamento para mostrar su rechazo a la reforma de la Ley de Garantía de Ingresos porque supondrá el «desmantelamiento de la protección social» y exigieron a PP, PSE y PNV que rectifiquen y «gobiernen de una vez por todas mirando a las personas y no a la banca y a la patronal».
Los concentrados mostraron su oposición al proyecto al considerar que «en una coyuntura de crisis, cuando más necesarias son las prestaciones sociales», provocará «la expulsión del sistema de protección de las personas con menos recursos económicos, que tendrán que vivir en condiciones de mayor pobreza, por lo que aumentarán las situaciones de marginación social».
Según manifestó un portavoz de los colectivos en un comunicado leído durante la concentración, la reforma «coacciona» y obliga a aceptar empleos «precarios», ya que retirará la prestación a las personas que rechacen una oferta de trabajo.
Además, el hecho de que los adjudicatarios de ayudas sociales estén obligados a realizar, en caso de emergencia, labores de carácter social supondrá «la eliminación de puestos de trabajo en los servicios públicos».
A su juicio, estos hechos, junto con el recorte del 7% en las cuantías de la RGI contemplado en los Presupuestos, evidencian que «el PP, el PSE y el PNV son ajenos a las situaciones de pobreza», en alusión a las 890.000 personas que aseguran padecer algún tipo de precariedad, el elevado porcentaje de pensionistas que se encuentra por debajo del umbral de la pobreza y el cada vez mayor número de parados, muchos de los cuales no reciben prestación alguna. GARA
Cáritas-Euskadi ha mantenido contactos con los partidos políticos para hacerles llegar una serie de propuestas concretas sobre el sistema de protección e inclusión social, con el fin de que sean tenidas en cuenta en el desarrollo legislativo de la nueva ley.
La organización católica considera que «está en peligro lo construido hasta este momento» en materia de bienestar social, ya que la reforma «supone una pérdida y un retroceso en nuestro sistema de protección».
Por ello, espera que sus propuestas contribuyan a «minimizar en lo posible las consecuencias que va a generar en la población más desfavorecida». GARA
