Recientemente tuvimos la oportunidad de visitar el país acompañados por los compañeros de Numsa, sindicato del metal de Sudáfrica integrado en la central sindical COSATU, que ha iniciado una campaña a nivel internacional para denunciar la falta de libertades políticas, sindicales y civiles que padece la población de este país y que se extiende a todos los ámbitos de la vida cotidiana. Campaña que a nivel internacional está desarrollando también la Federación Sindical Mundial.

Swazilandia es uno de los países más pequeños de África (poco más de 17.000 kilómetros cuadrados), con cerca de 1.200.000 habitantes y carece de salida al mar. Su balanza comercial es claramente deficitaria y sus exportaciones son agrícolas en un 90%: El azúcar y la madera son los principales productos. Tiene una clara dependencia económica con respecto a Sudáfrica.

El salario medio en sectores como el metal es de 180 euros mensuales, mientras en otros sectores feminizados como el textil o el comercio no llega a los 100 euros mensuales. Los profesores y profesionales de la sanidad gozan de salarios algo más altos (entre 400 y 700 euros mensuales), pero son un sector claramente minoritario. Estos salarios están muy por debajo de los de Sudáfrica, por lo que un gran número de trabajadores emigran al país vecino, donde se les emplea como mano de obra barata.

El régimen político nos retrotrae al feudalismo. El rey Mswati III es el monarca absoluto. Mientras él tiene 14 palacios reales en los que viven diseminados él y sus 13 esposas (la poligamía es legal en Swazilandia), y realiza ingentes gastos para su familia que consta de 250 miembros, un 34% de la población activa está en paro y el 70% de la población vive con menos de un dólar diario. Swazilandia cuenta además con un triste récord: es el país con más infectados por VIH, el 39% de la población, por lo que la esperanza media de vida no llega a los 50 años.

Es, además, el propietario del 90% de la tierra de forma directa (tierra rural comunitaria) o indirecta (granjas que pertenecen al rey, a pesar de que las gestionan los campesinos). Sólo el 10% de la tierra, el porcentaje sobre el que están construidas las casas y las cabañas para el ganado, pertenece a la población. El rey suele ordenar con relativa frecuencia la construcción de diferentes obras, y no duda en expulsar a la población que vive en las tierras donde pretende construir. Hay que tener en cuenta que el 73% de la población vive en áreas rurales.

En las elecciones, los ciudadanos eligen a las personas que conformarán la Asamblea (formada por 55 miembros electos, más otros 10 elegidos por el Rey). Ésta elige, a su vez, 10 miembros para el Senado, cuya composición se completa con otros 20 miembros elegidos por el Rey. Estas instituciones son meramente consultivas, ya que el rey nombra a los ministros, ejerce simultáneamente los poderes ejecutivo y legislativo, y controla férreamente el judicial.

Ilegalización, cárcel y tortura

En 2008, Mswati III aprobó la Supression Terrorist Act, la versión swazi de la Ley de Partidos española por la que se ilegalizaron los principales partidos políticos opositores, entre los que destaca Pudemo, cuyo presidente Mario Masuku, ha estado constantemente entrando y saliendo de la cárcel. La última vez fue encarcelado por hablar en el funeral de un activista político víctima de la represión y estuvo diez meses encarcelado.

Pudemo y el resto de organizaciones opositoras han conformado el Frente Democrático Unido de Swazilandia, que está denunciando la situación a nivel internacional.

Uno de los casos más dramáticos y recientes de represión fue el caso de las torturas y muerte de Sipho Jele, un trabajador y militante sindical que el 1 de mayo de 2010 se dirigía a la manifestación convocada por el SFTU. Tal y como nos contó su tía, con la que vivía, fue detenido por llevar una camiseta del ilegalizado Pudemo, y dos días más tarde, el 3 de mayo, su cadáver le fue entregado con evidentes signos de tortura. Pese a que el caso fue denunciado ante la ONU y la OIT los culpables jamás han sido juzgados.

Swazilandia está atravesando una crisis económica sin precedentes. El Gobierno sudafricano puso a Mswati III como condición para otorgarle créditos la necesidad de democratizar el régimen político, a lo que éste se opuso, y, por tanto, no recibió ayuda alguna del Gobierno de Sudáfrica.

En medio de este panorama represivo y asfixiante, cada vez son más los sectores de la sociedad los que están haciendo frente al régimen absolutista. Por ejemplo, durante nuestra visita al país, fuimos testigos de una huelga de abogados, que se quejaban de la falta de garantías jurídicas para desarrollar su trabajo, especialmente cuando tienen algún pleito contra instituciones oficiales, ya que en esos casos a menudo las demandas no son ni siquiera admitidas a trámite.

Los líderes de los principales partidos políticos, sindicatos opositores, organizaciones de mujeres y movimientos sociales son en su mayoría jóvenes, lo que demuestra que algo está cambiando en la sociedad swazi.

Todas las fuerzas opositoras consideran que la mejora en el ámbito económico y social pasa ineludiblemente por un cambio político y por la derogación de la monarquía absolutista, para lo que consideran imprescindible la denuncia en diferentes instancias internacionales, especialmente, en la ONU y en la Commonwealth, de la que Swazilandia es miembro.

Tal y como nos comentó un swazi, «tenemos un hermoso país con reservas naturales, leones, tigres, cebras, ríos y lagos limpios y verdes montañas, y un pueblo pobre, pero digno y trabajador. Sólo nos sobran el rey y sus palacios. El día que desaparezcan podremos empezar a sonreír al futuro. Se lo debemos a Sipho Jele y al resto de los que han caido luchando».