Las interrogantes están en el aire. ¿Serán capaces el PSE y el PP de eliminar el fraude fiscal o, por lo menos, actuar para que desaparezca? ¿Serán ambos partidos capaces de terminar con el fraude en las contrataciones laborales que se producen en Hego Euskal Herria? ¿Serán capaces de terminar con el empleo sumergido?

La respuesta es no. Contundente. No lo han hecho nunca, ni antes ni ahora, pero ambos se muestran escandalizados por el fraude que puedan estar cometiendo los más necesitados y, en cambio, callan por el fraude fiscal, la existencia de los paraísos fiscales o que las rentas empresariales declaren ingresos medios anuales inferiores en 9.000 euros a la de los trabajadores.

En sus propias narices se están riendo los más poderosos, pero para ellos no hay «palo», sino «zanahoria». Son cobardes y cómplices. El Gobierno de Gasteiz -el de Iruñea sigue la misma línea- se gastará 400 millones en 2012 en todas las partidas de protección social para los más necesitados. Es un 3,5% del presupuesto, pero la estimación más prudente del fraude fiscal en Hego Euskal Herria se encuentra entre los 13.000 y 15.000 millones, es decir 32,5 veces más que ese supuesto fraude de los más necesitados.

Ni PSE ni PP han tomado medidas para hacer aflorar esa cantidad, que inyectaría a las arcas públicas la cuantía suficiente para no tener que recortar ni salarios ni prestaciones sociales. Pero no lo hacen en este momento y tampoco lo han hecho antes, no nos engañemos. El Parlamento de Gasteiz se ha cubierto de gloria, de nuevo. PSOE y PP, con la abstención del PNV y UPyD, han tomado la decisión de endurecer las condiciones de acceso a la renta de garantía de ingresos a más de 50.000 personas en estos momentos.

Se ve con claridad que por mucho que nos digan algunos que son socialdemócratas y que quieren beneficiar al trabajador y al más necesitado, no es cierto. Se unen a la derecha para meter mano en el bolsillo del obrero y del pobre. Han aplicado reformas y reformas, una tras otra y las que nos esperan, siempre para empeorar las condiciones laborales, salariales y de jubilación de la población. No se conforman, quieren más, son insaciables. Hay que pararlos.