Tras 120 horas en las que los malos tratos, golpes, vejaciones, insultos y humillaciones de todo tipo fueron una constante, el joven Gaizka Jareño llegó incluso a «estar contento» por entrar en la cárcel. Fueron tales las torturas que padeció a manos de agentes de la Guardia Civil en 2008, que ingresar en prisión fue todo un alivio. Por el momento, se acabó la pesadilla.

Éste es uno de los duros testimonios con los que Torturaren Aurkako Taldea (TAT) ha plasmado lo que, como ha señalado reiteradamente, sucede en los calabozos españoles durante los días de incomunicación, entre interrogatorio e interrogatorio.

El trabajo, titulado «Tortura Euskal Herrian», parte de la operación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón el 22 de julio de 2008. Entonces, diez personas fueron detenidas en Bilbo, Algorta y Elorrio. Maialen Zuazo, Iñigo Gutiérrez, Aitor Cotano, Adur Aristegi, Arkaitz Goikoetxea, Anabel Prieto, Gaizka Jareño, Mikel Saratxo, Libe Agirre e Inge Urrutia. Todas y todos denunciaron haber sido torturados. Volvieron a denunciar lo sucedido en marzo y abril de este mismo año, cuando algunos de ellos fueron juzgados.

La tortura, explica en el documental la abogada y portavoz de TAT Ane Ituiño, se practica con tres objetivos: lograr réditos políticos, que los detenidos firmen autoinculpaciones; generar miedo y dar a entender que cualquier persona detenida puede ser víctima de malos tratos; y, por último, lograr información.

No obstante, Julen Arzuaga, abogado y miembro del observatorio vasco de derechos humanos Behatokia, recuerda que la incomunicación en sí –una medida que dura cinco días y que es extensible hasta los trece– viola los derechos humanos más básicos, porque con ella se aísla a la persona detenida de su entorno familiar y social, omitiéndole cualquier tipo de información y posibilidad de comunicarse con el exterior.

Este aislamiento es, precisamente, «el que cierra el círculo de la impunidad», en opinión de Ituiño. El caso más reciente es la absolución emitida por el Tribunal Supremo español de los cuatro guardias civiles condenados previamente por torturar a Igor Portu y Mattin Sarasola, tumbando así la sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa.

El protocolo de Garzón

Las tres medidas que el propio juez Garzón estableció para que no se produjeran los malos tratos y torturas no cumplieron con su objetivo. Decretó, en primer lugar, que los familiares de los detenidos estuvieran informados en todo momentos del paradero de sus allegados, y, en caso de que fueran trasladados, que les fuera comunicado dicho desplazamiento.

También recogió el derecho de los diez jóvenes a que fueran reconocidos por un médico de confianza y que las cámaras grabara la totalidad de la incomunicación. Las grabaciones fueron solicitadas por los letrados de la defensa, pero no llegaron hasta el primer día del juicio, es decir, hasta tres años después.

Los vídeos constataron que no se cumplió con lo decretado: las imágenes eran mudas y sólo mostraban un pasillo en el que asomaban las puertas de los calabozos. De esos habitáculos, cuyo interior nunca aparece, los agentes encapuchados sacaban a los detenidos de espaldas a la cámara, obligados previamente a ponerse un antifaz.

Las salidas de los jóvenes de los calabozos a alguna parte las dependencias de la Guardia Civil que las cámaras tampoco llegan a captar se repiten varias veces en un mismo día. Son decenas de diligencias que no constan en los atestados. A pesar de que durante la vista oral las letradas Jone Goirizelaia y Arantza Zulueta, entre otros, preguntan a los agentes a qué se deben las salidas, a dónde son llevados y para qué, no obtienen respuesta.

En opinión de Jorge del Cura, miembro de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, el protocolo de Garzón «genera dudas» y «sólo sirve para salvar la cara a la Audiencia Nacional frente a las denuncias internacionales».

Pero la vida está llena de paradojas, y de irónicas coincidencias. Que Garzón fuera elegido por el Estado español para ocupar un cargo en el Comité de Prevención de la Tortura, órgano dependiente del Consejo de Europa, es un hecho «cínico y vergonzoso» a juicio de Ituiño.

El alivio que sintió Jareño al encontrarse en prisión es un bálsamo efímero, la antesala del dolor que viene en adelante. Terminada la tortura no termina el sufrimiento: comienza una realidad con secuelas. En este punto, TAT habla de la reparación de los daños físicos y síquicos, y también de reparación judicial y médica. Hay que reconocer que la tortura existe, y adoptar medidas eficaces que garanticen su extinción: «En este nuevo tiempo abierto en Euskal Herria se tiene que hablar de esto desde ya».