La Diputación de Gipuzkoa comunicó ayer que «el proceso de negociación de la reforma fiscal va por buen camino», y mostró su esperanza de lograr un acuerdo definitivo con el PSE en los próximos días. La institución que dirige Martín Garitano destacó que «la base de ese acuerdo serán la progresividad y la equidad».

Al respecto, el Ejecutivo foral recordó que en su día «realizó una propuesta, y tanto el PSE-EE como Aralar mostraron su conformidad con la misma; es esa propuesta la base de la negociación actual», en la que ya hay «un acuerdo básico» pero que tiene «detalles por concretar».

Como prueba de esta sintonía, el PSE no ha registrado ninguna enmienda a la totalidad contra los proyectos de norma y se ha limitado a veintisiete enmiendas parciales a la propuesta de modificación del IRPF y otros tributos, y otras cuatro enmiendas a la norma de recuperación del Impuesto de Patrimonio.

Respecto al IRPF, el PSE plantea dos nuevos tramos, con un tipo del 46% para rentas mayores de 90.000 euros y de un 47% para las superiores a 120.000 euros. El planteamiento del Departamento de Hacienda es del 47% para más de 120.000 euros y el 50% para más de 175.000. Hasta ahora, todas las rentas superiores a 62.000 euros cotizan el 45%.

En cuanto a la base del ahorro o capital, con la norma actual todas cotizan con una tasa del 20%. El PSE propone mantenerla hasta 6.000 euros y elevarla al 23% a partir de esa cantidad, mientras que Bildu quiere mantenerla hasta 1.500 euros y subirla al 24% a partir de esa cifra.

Otra de las enmiendas va dirigida a cambiar a partir del 1 de julio de 2012 la deducción por adquisición de vivienda habitual, suprimiéndola para los contribuyentes con base superior a 28.000 euros, mientras que para las bases entre 28.000 y 18.000 euros la deducción sería decreciente. La Diputación plantea fijar la deducción en un 15%, con un crédito fiscal de 30.000 euros. Asimismo, el PSE ha presentado una serie de exenciones como «apoyo a los emprendedores», siempre que se cumplan determinadas condiciones.

En lo que hace referencia al Patrimonio, el PSE propone elevar a 700.000 euros el mínimo exento general, frente a los 600.000 euros propuestos por la Diputación. En relación con el mínimo exento por vivienda habitual se elevaría el mínimo exento a 400.000 euros, mientras que la Diputación propone 300.000. Las diputaciones de Araba y Bizkaia han acordado un mínimo general de 800.000 euros y un mínimo por vivienda habitual de 400.000 euros.

«Pollo sin cabeza»

El portavoz del PP en las Juntas de Gipuzkoa, Juan Carlos Cano, criticó la actuación del PSE y consideró que este partido se mueve como «pollo sin cabeza», ya que se presenta como «modulador del discurso del Ejecutivo foral» y «adalid de la armonización fiscal», cuando «no existe diferenciación» entre su postura y la de Bildu.

Cano destacó que la «cacareada reforma fiscal» supone «93 millones de euros -de incremento- dentro de una recaudación de 4.050», una subida que «sobre todo va a soportar la clase media, no los ricos, como quieren vender, que sólo aportan 3,5 de esos 93 millones».