El Tribunal Supremo español acaba de dictar una sentencia, a la que ha tenido acceso GARA, que establece que la Junta Electoral Central actuó indebidamente al impedir al vecino de Villabona José Víctor Azpeitia Altuna asumir el cargo de concejal que había quedado vacante tras el fallecimiento del teniente de alcalde, Remi Ayestaran.

La composición del Ayuntamiento quedó distorsionada por ese veto de la Junta Electoral Central, adoptado según una doctrina fijada por el juez Baltasar Garzón meses antes y que impedía que los electos obtenidos por EAE-ANV en 2007 fueran reemplazados, independientemente de la causa de su abandono, incluso aunque fuera por óbito, como en este caso.

El Tribunal Supremo admite ahora que esta doctrina no tenía base legal. Garzón se basó en el argumento de que cualquier sustitución de un cargo electo requería de un acuerdo previo del partido y que por lo tanto, si éste estaba ya suspendido o ilegalizado -como ocurría para entonces con EAE-ANV-, no cabía hacer la sustitución. Así, las actas de todos los cargos que no pudieron continuar en su función por distintos motivos durante la legislatura se perdieron automáticamente.

El Supremo afirma ahora que «es evidente el error en que incurre» esa doctrina de Garzón y la Junta Electoral Central, «pues para la sustitución de un concejal municipal no se precisa una decisión previa del partido político sino que, producido el fallecimiento, incapacidad o renuncia de un concejal, su escaño se ha de atribuir al siguiente en dicha lista».

«En consecuencia, la motivación ofrecida por el Acuerdo recurrido [el de Garzón] altera el marco normativo aplicable a la sustitución de concejales municipales, denegando indebidamente la expedición de la credencial de concejal al recurrente, y desde esa perspectiva vulnera el derecho fundamental consagrado en el artículo 23.3 de la Constitución española», añade el Supremo.

El representante de la Junta Electoral Central esgrimió también ante el Alto Tribunal español que los electos en cuestión no podían ser reemplazados por «nulidad sobrevenida» de las candidaturas a las que pertenecían. Pero el Supremo le responde que eso «no se encuentra previsto legalmente entre los efectos que se han de derivar de la disolución judicial de un partido». De hecho, se recuerda que las novedades introducidas este mismo año 2011 sí contemplan un proceso de «incompatibilidad sobrevenida» para cada electo, pero en un proceso individual y dándole la opción de rechazar las causas que hayan motivado esa ilegalización.

Obviamente, la resolución no tiene ya efectos prácticos, dado que la legislatura acabó en mayo. Pero en este caso concreto y otros similares, la doctrina de Garzón produjo una desfiguración ilegal de la representación popular. Así, en Villabona EAE-ANV se quedó con cinco ediles frente a cinco del PNV, uno del PSE y uno de EB.