El derecho a la seguridad es el derecho imprescindible para hacer efectivo cualquier otro derecho fundamental y no solo amenazado, sino suspendido. La seguridad es, entre otras muchas cosas, el derecho a disponer de los bienes y servicios básicos para la subsistencia, a ser tratado en igualdad de condiciones legales, en definitiva al efectivo ejercicio de derechos y libertades. Es el derecho a tener garantías de que nuestros hijos van a poder comer, tener un techo donde vivir o recibir educación. Este derecho es el que los gobiernos de los países enriquecidos de Europa en particular y del mundo en general niegan a las mayorías sociales empobrecidas económicamente y marginadas cultural o políticamente. En aras de la defensa de la seguridad de las minorías pudientes y bien consideradas, se niega la seguridad a las mayorías excluidas, expulsadas y criminalizadas.

Para pensar y actuar de un modo distinto, hemos de comenzar reconociendo que la penalización ha fracasado y que, lejos de resolver los conflictos, no contribuye más que a agudizarlos, porque el sistema penal busca por encima de todo es su propia auto-reproducción. El remedio más eficaz y económico sería buscar alternativas al uso desproporcionado, inútil e innecesario al derecho penal, flexibilizar las condiciones para acceder a beneficios penitenciarios y a las excarcelaciones, acercar a las personas presas al lugar donde tienen su residencia o arraigo familiar evitando sufrimientos añadidos. Sin embargo, el perverso remedio, con terribles efectos nocivos secundarios, es continuar con el recurso a la «justicia vengativa», y para ello construir más cárceles.

En lugar de vaciar las cárceles de drogodependientes acusados por distribución a pequeña escala de drogas ilegalizadas o de cometer pequeños robos y hurtos para conseguir dinero para su dosis (65% de quienes están cumpliendo condenas en prisión residentes en la CAPV), creando servicios y centros tratamiento alternativo a la prisión, o de apostar sin ambigüedades por la resolución del llamado conflicto político vasco dando una salida a la situación de quienes han cometido sus delitos por motivos políticos (25% de quienes están cumpliendo condenas residentes en la CAPV), la apuesta es por reforzar las «Políticas de Ley y Orden y de Tolerancia Cero» que se ensañan con el 1% de quienes delinquen y encubren el 99% de la delincuencia con mayúsculas que jamás es perseguida ni penalizada, con la cual se aplica una política de tolerancia total.

Pero quienes queremos es vivir tranquilamente y en condiciones de seguridad para toda la ciudadanía tenemos que tener claro que esta apuesta porque haya más personas encarceladas y por invertir dinero público para engordar al sistema policial, penal y carcelario, para que unos cuantos hagan negocio y vivan de excluir y mantener encerrados a esos mismos de siempre, lo que ha provocado y seguirá provocando es más inseguridad ciudadana, más marginación, puesto que los problemas que afectan a ese 1% de delincuencia convencionalizada que justifica la inflación policial, penal y carcelaria a la que asistimos durante las dos últimas décadas se han de enfrentar en el ámbito de la política social y no de la política criminal.