La declaración aprobada por los jefes de Estado y de Gobierno de la eurozona en la madrugada del viernes se sustenta en tres pilares: el pacto presupuestario, la coordinación reforzada de las políticas económicas y el desarrollo de las «herramientas de estabilización», donde se incluye el actual Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y el futuro Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM, por sus siglas en inglés).

En la introducción del acuerdo se asume que pese a haber puesto «todo su empeño a lo largo de los últimos 18 meses en mejorar la gobernanza económica y adoptar nuevas medidas de respuesta a la crisis de la deuda soberana», esto no ha impedido el aumento de «las tensiones del mercado en la zona del euro». Ante ello, la postura es «avanzar hacia una unión económica más fuerte».

En ese camino, se insta a los estados a «la aplicación rápida y rigurosa de las medidas ya acordadas», que se deben sumar a «una auténtica unión de estabilidad presupuestaria en la zona del euro». Disciplina en las cuentas públicas, integración más profunda del mercado interior, crecimiento más fuerte, mayor competitividad y cohesión social son los cinco objetivos que se enumeran en el preámbulo.

PRESUPUESTOS

Respecto a las medidas concretas, el primer punto que se aborda es el de la nueva norma presupuestaria. Los presupuestos de las administraciones públicas «estarán equilibrados o con superávit», ofreciéndose un margen máximo para el déficit del 0,5% del PIB. Se cierra la puerta a la opción del endeudamiento como herramienta económica.

Esta reglamentación tendrá que ser introducida en los ordenamientos jurídicos de los estados miembros, bien en sus respectivas constituciones o en una norma de nivel equivalente. Es lo que se ha venido denominando como «regla de oro», que en el Estado español ya se llevó a cabo el pasado setiembre con el beneplácito de PSOE y PP.

El nuevo artículo 135 de la Constitución española contempla que sólo se podrán sobrepasar dichos topes «en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social».

Cada norma estatal contará, según lo aprobado en Bruselas, con «un mecanismo de correción automático». Este punto, entre otros, será el que desarrolle en su primera ley el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, según adelantó el martes el presidente electo.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo tendrá competencias para verificar la introducción de esa «regla de oro» en todos los estados. Quienes ya estén inmersos en «un procedimiento por déficit excesivo» deberán presentar un plan de reformas que habrá de ser refrendado por la Comisión Europea y el Consejo, quienes además supervisarán su ejecución y los planes presupuestarios.

Los firmantes del acuerdo se comprometen a examinar las propuestas presentadas por la Comisión el pasado 23 de noviembre. El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, explicó entonces que su planteamiento consiste en que los países de la eurozona entreguen su proyecto presupuestario cada mes de octubre a la Comisión para que esta determine si se ajusta a los objetivos de déficit y deuda, y pida, en su caso, que se revisen algunos puntos o todo el proyecto.

Además, la Comisión podría pedir al Consejo Europeo que recomiende a un estado pedir asistencia si su situación financiera tiene «importantes efectos adversos» para la estabilidad financiera del zona del euro.

SANCIONES

Si un estado miembro supera un déficit del 3% de su PIB podrá ser sancionado «a menos que se oponga a ello una mayoría cualificada de estados miembros». No se concreta cuál será esa mayoría, aunque todo apunta al 85%, un porcentaje que sí se especifica en las normas que regirán el ESM. Tampoco se especifica qué tipo de sanciones se adoptarán, tan sólo que éstas serán «propuestas o recomendadas por la Comisión».

GOBERNANZA

Este punto comprende una declaración de intenciones para reforzar la cooperación en busca de una política económica común, anunciando la creación de un procedimiento por el que «las reformas importantes de la política económica poryectadas por los estados miembros de la zona euro se debatan y coordinen a escala de la zona euro». Además, se celebrarán «Cumbres del Euro periódicas, al menos dos veces al año».

HERRAMIENTAS

El actual fondo de rescate (FEEF) se reforzará y se mantendrá hasta mediados de 2013, mientras que el fondo permanente (ESM) entrará en vigor en julio de 2012. Cada uno tendrá una capacida máxima de intervención de 500.000 millones de euros, si bien la cifra se revisará en marzo.

En una primera propuesta barajó la posibilidad de dotar al ESM de una capacidad superior, así como la opción de concederle las características de una institución crediticia, lo que le hubiera permitido acceder a los fondos del Banco Central Europeo (BCE). Sin embargo, esta idea fue rechazada por Berlín.

Las decisiones relativas al ESM, en casos de urgencia, podrán adoptarse por una mayoría del 85%, -el porcentaje está en función del capital que los bancos centrales nacionales tienen en el BCE-, lo que reserva el derecho de veto solo para Alemania, Estado francés e Italia, cuya aportación supera el 15%.

La UE prestará asimismo 200.000 millones al FMI para que «disponga de los recursos suficientes para hacer frente a la crisis». Por último, los firmante sentencian que la quita del 50% de la deuda que Grecia tenía con las entidades privadas ha sido una situación «única y excepcional».