El proyecto de presupuestos asciende a 10.449 millones de euros, lo que supone una reducción del 1% respecto al de este ejercicio, una bajada que es del 2,3% si no se tienen en cuenta los gastos de personal y la financiación del Tren de Alta Velocidad. Contempla recortes en todos los departamentos, menos en Vivienda y Presidencia, siendo una de las cuestiones más polémicas la de la reducción en un 7% de las cuantías de las ayudas sociales.

Los Presupuestos del Gobierno de Gasteiz se enfrentarán a partir de ahora al trámite de debate en comisión de las 1.811 enmiendas parciales presentadas por los grupos. La aprobación definitiva del proyecto está prevista para el 23 de diciembre.

En el debate de enmiendas de totalidad celebrado ayer en la Cámara autonómica, los 38 votos que suman PSE y PP permitieron rechazar la devolución de las cuentas que solicitaban Aralar, EA, EB y UPyD, formaciones que suman siete escaños en el Parlamento. Los 30 representantes del PNV se abstuvieron.

El consejero de Economía, Carlos Aguirre, defendió los Presupuestos, de los que manifestó que son «necesariamente austeros», dada la disminución de los ingresos que, motivada por la crisis, se ha producido en las arcas públicas.

Según reiteró en su intervención en la Cámara, las cuentas tienen tres objetivos principales: la creación de empleo mediante el incremento de la competitividad, la garantía de los servicios y prestaciones sociales «esenciales» y la estabilidad presupuestaria «acompañada de la consolidación fiscal».

El parlamentario de Aralar Mikel Basabe denunció que el proyecto presentado por el Ejecutivo «no sirve para hacer frente a la crisis». Según afirmó, se trata de un Presupuesto condicionado por el apoyo del PP, de forma que ha sido elaborado de acuerdo a criterios «neoliberales», incompatibles con las políticas sociales.

A su juicio, dado que el único apoyo al Ejecutivo es el del PP y que de ahora en adelante se incrementarán las «diferencias» entre ambos partidos, el Gobierno debería disolver el Parlamento y convocar elecciones.

Basabe criticó asimismo el «recorte» del 7% en la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), así como el endurecimiento de las condiciones para acceder a dicha prestación social. Por otra parte, consideró «insuficiente» la partida de un millón de euros reservada a las víctimas de abusos policiales.

Por parte de EA, Juanjo Agirrezabala recordó que en las elecciones celebradas en los últimos meses «la sociedad vasca ha dado la espalda» al PSE y al Gabinete de Patxi López.

Agirrezabala advirtió de que el pacto que mantienen PSE y PP «no responde a las necesidades» de la ciudadanía y, respecto a las cuentas públicas, consideró que «no garantizan los servicios sociales» ni contribuyen a aumentar la competitividad económica y crear empleo.

Frente a ello, abogó por aumentar la inversión en infraestructuras públicas sociales, un ámbito «que tiene un potencial enorme de cara a la creación de empleo», y por afrontar una reforma de los impuestos que incremente la presión fiscal, «que hoy está diez puntos por debajo de la media de la Unión Europea».

El parlamentario de EB Mikel Arana justificó su enmienda de totalidad por el hecho de que, al elaborar el proyecto, el Gobierno «ha obedecido a la tiranía de los mercados», de forma que «su única obsesión ha sido la de controlar el déficit».

Además, advirtió de que los recortes impulsados por el Ejecutivo «se han demostrado inútiles» para la recuperación económica y la generación de empleo. Arana recordó que este año en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa hay «11.900 parados más que hace un año», de forma que la cifra total de desempleados ronda las 145.000 personas.

Desde UPyD, Gorka Maneiro criticó que las cuentas contemplan «un endurecimiento» en el acceso a las ayudas sociales y una reducción en la cuantía de la RGI y del complemento de vivienda.

Maneiro acusó al Ejecutivo de plantear «todo un abanico de recortes sociales», en lugar de impulsar «las medidas y reformas que necesita» la comunidad autonómica.

La parlamentaria del PSE Joana Madrigal aseguró que los Presupuestos se han elaborado con el objetivo de «salir cuanto antes y entre todos de la crisis», algo para lo que reconoció que es necesario hacer un ejercicio de «solidaridad».

«Podadora» de Rajoy

Ante las críticas a los «recortes», aseguró que las medidas aplicadas por los gobiernos de Madrid y Gasteiz no tienen «nada que ver» con la «podadora» que aplicará el nuevo Ejecutivo que presidirá Mariano Rajoy. «Ahí vamos a ver la verdadera política de ajustes sin contemplaciones», advirtió.

Ante la demanda de Aralar de disolver la Cámara, acusó a este partido de cuestionar «desde el primer momento» tanto el Parlamento como el actual Gobierno. «Parece que no nos eligieron los ciudadanos», le reprochó.

Desde las filas del PNV, Javier Carro explicó que la postura de su grupo ante los Presupuestos se enmarca en un ejercicio de «oposición constructiva», dado que en la actual crisis económica «Euskadi no se puede parar».

No obstante, precisó que este no es el proyecto que habría diseñado el PNV, ya que se trata de un texto que requiere de «mejoras sustanciales», especialmente en lo que se refiere al apoyo a las pequeñas y medianas empresas, de forma que estas puedan «sobrevivir» a 2012.

Mientras tanto, el portavoz parlamentario del PP, Leopoldo Barreda, protagonizó ayer su última intervención antes de abandonar la Cámara autonómica para ocupar un escaño en el Congreso español de los Diputados.

Barreda dedicó parte de su intervención a contestar a quienes planteaban contemplar un incremento de ingresos en las cuentas. Según indicó, aún no se ha aprobado modificación tributaria alguna en los territorios de Bizkaia, Araba o Gipuzkoa, de forma que «no es posible presupuestar ingresos inexistentes de impuestos inexistentes». De todas formas, reiteró el rechazo de su partido a incrementar la presión fiscal.