Los presos políticos vascos encarcelados en el Estado francés podrán volver a estudiar en la UPV después de que el Constitucional español haya revocado la anulación por el Supremo del protocolo de matriculación aprobado por la universidad en 2004. A su vez, esta decisión judicial reabre el debate sobre la situación de los presos en el Estado español, a quienes se impide matricularse en la UPV y se deriva exclusivamente a la Universidad a Distancia (UNED) a raíz de una modificación legal hecha ad hoc por el Gobierno de Aznar en 2003.

Con aquel cambio de la Ley General Penitenciaria, se impuso que para que los presos vascos encerrados en cárceles bajo administración española puedan estudiar en la UPV la universidad tiene que firmar un convenio con Instituciones Penitenciarias, que ejercería así como una especie de «comisario» sobre esos estudios.

Ese convenio nunca se ha firmado, aunque en un principio la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de Mercedes Gallizo -todavía en el cargo¯ dijo estar dispuesta a ello. Y no se ha firmado porque lo que hizo después el Gobierno de Zapatero, en 2005, fue directamente recurrir el protocolo de la UPV.

Ahora, ocho años después del inicio del conflicto y dos años después de la anulación judicial del protocolo, el Constitucional acepta que el Supremo vulneró la autonomía de la UPV y rehabilita la norma para la matriculación de presos. El fallo fue dado a conocer y saludado ayer por el actual y por el anterior rector de la universidad en una comparecencia conjunta en el Paraninfo de la UPV en Bilbo.

El camino para que los presos en el Estado francés estudien en la UPV queda de nuevo despejado, pero no así el de quienes están en prisiones del Estado español. La solución depende del Ejecutivo español, liderado por el PP al igual que como cuando comenzó todo el conflicto. Con una novedad: El TC certifica ahora que «la interpretación del artículo 56.2 de la Ley General Penitenciaria que rechaza que la Universidad pueda regular las condiciones en las que ha de impartirse la docencia a distancia a internos en centros penitenciarios hasta tanto no se haya concertado con la Adminis- tración Penitenciaria supone una restricción del ejercicio de la autonomía universitaria constitucionalmente garantizada». Es decir, no sólo da validez al protocolo de 2004, sino que cuestiona la reforma legal de 2003.

Rector y alumnado

Así las cosas, en su comparecencia, el actual rector de la UPV-EHU, Iñaki Goirizelaia, acompañado por el anterior rector Juan Ignacio Pérez, aseguró que éste «es un buen momento» para intentar rubricar el convenio pendiente con Instituciones Penitenciarias.

Goirizelaia defendió además que la UPV ha reivindicado su autonomía «en circunstancias muy difíciles y en medio de una extendida incomprensión» y se felicitó de que ahora el Constitucional haya hecho suyo el argumento de que «no son las Instituciones Penitenciarias las que deben velar por la calidad en la enseñanza».

Recordó además que tanto él como sus antecesores han reivindicado ante el Estado el convenio que posibilita que los presos vuelvan a matricularse en la UPV, pero que sólo han tenido como respuesta «el silencio».

Hizo otros dos apuntes: que la sentencia permite que los presos en el Estado francés se matriculen desde ya en la UPV y que es rotundamente falso que en su día se les diera algún trato de favor, que fue la excusa con que se lanzó esta ofensiva.

Por su parte, el Consejo de Estudiantes mostró su satisfacción por esta resolución judicial y su preocupación por la situación de los 57 prisioneros que «la UPV/EHU tuvo que desmatricular por una sentencia que ahora se ha demostrado completamente ilegal».

El órgano de representación estudiantil abogó por «reparar el daño causado» y emplazó al nuevo Gobierno español a que «avance en la normalización del país» e impulse la firma de un convenio entre Instituciones Penitenciarias y la UPV, con el que puede garantizar de nuevo el derecho de cualquier preso.