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Iñigo Jauregiberri | Banatuz (*)

Activemos la función social de Kutxa, no más desahucios

Jauregiberri y Barinagarrementeria, en representación de Banatuz, proponen una serie de medidas para impulsar la función social de Kutxa, a la que reclaman que asuma la iniciativa para impedir que puedan producirse más desahucios en Euskal Herria. Los consejeros de la entidad financiera consideran inadmisible que todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario.

Desde que Banatuz, agrupación de clientela de Kutxa, dimos el paso para representar a quienes en nosotros confiaran en la Asamblea General de la Caja, hemos tenido claro que uno de nuestro primeros objetivos era defender la función social y a la clientela, principalmente la más necesitada.

Han sido muchas las propuestas que hemos realizado y, desgraciadamente, no hemos tenido demasiada suerte. Ni la dirección de Kutxa ni otros consejeros se han querido sumar a las mismas en demasiadas ocasiones y no hemos conseguido todo lo que pretendíamos.

Sin embargo, también tenemos que destacar algunos éxitos importantes. Desde la campaña, con recogida de firmas incluidas, contra el cobro de nuevas comisiones que llevó a la retirada de la medida, a otra iniciativa más reciente, la creación del Fondo Anti-crisis para el que se destinaron 5 millones de euros y todavía hoy está una buena parte del mismo a disposición de quien le haga falta a través de Kutxa-Zeharo. Que no se olvide nadie, que le haga falta, de recurrir al mismo y solicitar esa ayuda de hasta 3.000 euros para las necesidades más perentorias.

En los últimos meses otro grave problema está llevando a sufrir las consecuencias de esta crisis a muchas personas y familias: la vivienda. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), solo en los seis primeros meses del presente año 2011 en Hego Euskal Herria se han quedado sin casa 989 familias, pero desde el inicio de la crisis 7.034 familias han perdido su vivienda, 218 de ellas en Gipuzkoa.

El hecho de no poder pagar sus créditos hipotecarios está llevando a todas estas familias no sólo a enfrentarse a la pérdida de su vivienda sino también a una condena financiera de por vida. La entidad bancaria interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta -aspecto que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de los casos-, con la ley vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 60% del valor de tasación, pero sigue reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y las costas judiciales a las personas en situación de insolvencia, mediante el embargo de nóminas, cuentas, etcétera, así como embargos a los avalistas. Es decir, además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una condena financiera de por vida que les lleva a la exclusión social y a la economía sumergida.

Esta legislación, que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el 60% del valor de tasación, no sólo es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno, sino que además era desconocida por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios. Hecho que se suma a la publicidad engañosa con la que se comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración en las tasaciones y al lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos, que ahora se descubre que, en muchos casos, escondía todo tipo de cláusulas abusivas.

Desde Banatuz consideramos inadmisible y totalmente injusto que todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario, y que en cambio, las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales.

Por eso entendemos que algo hay que hacer, que no podemos ni debemos mirar para otro lado ni esperar a que, de una vez por todas, se tomen las medidas oportunas desde los organismos competentes. Queremos que se conozca que, mientras eso ocurra, hay medidas que se pueden adoptar, y eso es lo que les hemos propuesto a Kutxa y a Kutxabank para que, entre todos, se adopten las medidas adecuadas para terminar con esta lacra y, a la vez, dar una salida a los temas puntuales que se vayan produciendo, pero sin que se llegue al desahucio.

Cuatro puntos que implican a todas las partes, pero donde Kutxa también debiera jugar un papel importante para solucionar los problemas concretos de las familias guipuzcoanas y buscar alternativas. Los puntos propuestos son:

1. Se inste al Gobierno central a que, tal y como viene proponiendo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones sociales, apruebe una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago de manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda (principal, más intereses y costas judiciales) quede liquidada, tal y como sucede en otros países.

2. Se acuerde aprobar una moratoria, así como implementar las medidas necesarias para evitar las indeseables consecuencias de condena financiera y exclusión social que los desahucios pueden llegar a provocar en situaciones de insolvencia sobrevenida e involuntaria.

3. Se constituya un grupo de trabajo al objeto de analizar la casuística considerada que sirva para buscar las alternativas oportunas que solucionen el problema, trabajando con las familias afectadas.

4. Dar traslado de estos acuerdos a las instancias oficiales oportunas así como a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y colectivos sociales que están interesados por solucionar este grave problema.

Es en estos momentos cuando podemos mostrar lo positivo de la función social de Kutxa. Pronto será Kutxabank quien gestione la operativa financiera y el Banco de las Cajas vascas debe saber abordar también esta situación de forma positiva. Desde estas líneas le emplazamos también a que asuma esta iniciativa e impida que se produzca un nuevo desahucio.

Esta también es una parte de la función social de Kutxa, no la única, pero creemos que, con la que está cayendo, con esta crisis y las graves consecuencias para tantas personas y familias, ahora más que nunca es hora de activar aún más la función social.

Desde Banatuz vamos a seguir insistiendo en ello y esperamos que los nuevos aires que están llegando a Euskal Herria, los cambios que se están produciendo en tantas instituciones impulsadas por la propia sociedad, lleguen también hasta los órganos de decisión de las entidades financieras, Kutxa entre ellas, y las pongamos al servicio de la sociedad y de este país y no de la especulación y los altos sueldos.

(*) En nombre de Banatuz, firman este artículo los consejeros de Kutxa Iñigo Jauregiberri y Luix Barinagarrementeria.

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