La sentencia del Tribunal Constitucional español que restablece el derecho de la UPV a impartir clases a sus alumnos y alumnas presas es una buena noticia en tanto reconoce la arbitrariedad que supuso privar a estos de su derecho a matricularse en esa universidad, si bien el perjuicio causado a muchos prisioneros es ya irreparable. A partir de ahora, los vascos y vascas recluidos en cárceles de fuera del Estado español podrán cursar sus estudios en la Universidad del País Vasco; sin embargo, no lo podrán hacer los que se encuentran en cárceles españolas sin la firma previa de un convenio con Instituciones Penitenciarias, de modo que la sentencia supone un emplazamiento a las partes para que den pasos hacia la reposición de un derecho de cualquier persona presa. Está por ver, por tanto, el proceder al respecto del Gobierno de Rajoy, dado que la sentencia, si bien reconoce la competencia de la UPV, deja en manos de Instituciones Penitenciarias la posibilidad de que esos presos y presas puedan matricularse en sus facultades, y es sabido que los impedimentos no proceden del ámbito universitario. Ayer, el rector de la UPV, Iñaki Goirizelaia, aseguró que volverán a proponer el convenio. En palabras del rector, lo lógico sería el acuerdo, pero los gobiernos del Estado español han demostrado que no es esa lógica la que guía sus decisiones.