La crisis económica se lleva por delante los sueños, proyectos y anhelos de muchos. Golpea sin piedad, sobre todo al parado, pero también al autónomo, al pequeño comerciante, al estudiante, al empleado... Y ahora va de cabeza a por lo que en nuestras sociedades se denomina Estado del Bienestar.

La salud, considerada un derecho universal sobre el papel, no se libra de esta coyuntura que algunos intentan aprovechar para privatizar servicios, fomentar la cultura de los seguros médicos como en Estados Unidos y rebajar las partidas dedicadas a la investigación. Las consecuencias se traducen ya en centros ambulatorios cerrados, en equipos médicos de alta tecnología aún embalados, en prolongadas listas de espera, en falta de camas o quirófanos, etcétera.

Algunas otras consecuencias parecen colaterales, pero no lo son. Una reciente encuesta realizada por el Instituto de Estudios Médico Científicos (INESME) entre 60 oncólogos alerta de que los ajustes presupuestarios influirán directamente en la pérdida de experiencia y formación de los médicos oncólogos y, por tanto, en la calidad de vida de los afectados.

El 81,7% de los encuestados afirma tener menor disponibilidad de terapias innovadoras en su centro de trabajo. «Estas dificultades se manifiestan en la incorporación de mayores trabas para la puesta en marcha de ensayos clínicos, limitaciones en el uso compasivo, en la presión a los oncólogos por parte de las administraciones y, en definitiva, en una mucho menor aplicación de tratamientos innovadores en pacientes oncológicos», concluye el profesor y presidente del INESME, Jesús Honorato. Para Begoña Barragán, presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, «los únicos» que deberían estar capacitados para tomar decisiones clínicas deberían ser los profesionales sanitarios, en vez de «los economistas, las comisiones de farmacias o las gerencias de hospitales».

El ahorro en la sanidad sólo traerá un modelo excluyente, en el que el volumen de la cuenta corriente determinará el derecho a una vida saludable.