La financiación de las entidades locales de Araba está centrando el debate económico durante las últimas jornadas del año. Si hace unas semanas fue Bildu quien alzó la voz para exigir una financiación justa para los consistorios que gobierna, ayer fue el PNV el que solicitó a la Diputación que entregue a los ayuntamientos y concejos el dinero que les corresponde por la devolución de las denominadas «vacaciones fiscales», unos 13 millones de euros.

En una rueda de prensa ofrecida en la sede del ABB, ubicada en el centro de Gasteiz, el portavoz del PNV en las Juntas Generales, Ramiro González, recordó que el contencioso vinculado a las «vacaciones fiscales» ha provocado una recaudación extraordinaria de 78 millones de euros para las arcas de la Hacienda foral. Dicha cantidad, según explicó el dirigente jeltzale, debe ser repartida entre el Gobierno de Lakua, a quien corresponderían 54,5 millones de euros, y las instituciones municipales, que repartirían los 13 millones entre Gasteiz, con 10 millones, y el resto de entidades locales, con solo 3 millones.

Según indicó González, la Diputación, en manos del PP, tiene que tener presente que al menos una parte de los ingresos derivados de la devolución de las ayudas que en su día se concedieron a empresas pertenecen a los consistorios, y subrayó que estos «los necesitan para su funcionamiento».

Esta petición ha recibido el apoyo de Eudel, que ha solicitado al Gobierno de Javier De Andrés que materialice la entrega de la partida vinculada a las «vacaciones fiscales», una labor que ya han iniciado los gobiernos forales de Gipuzkoa (Bildu) y Bizkaia (PNV).

Por su parte, la alcaldesa de Amurrio, Iosune Irabien, pidió al diputado general que convoque «cuanto antes» una reunión del Consejo Territorial de Finanzas. Esta cita tendría por objeto definir cómo se va a repartir el dinero recaudado entre las entidades locales implicadas.

Horas después, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Javier De Andrés señaló que los trece millones reclamados por el PNV para las entidades locales no pueden ser considerados como un ingreso fiscal, sino como la devolución de una ayuda de Estado. El diputado general afirmó que dicha partida no se puede dedicar a competencias propias de las diferentes instituciones.