Mientras en el Estado español se cierran las puertas a la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura franquista, al otro lado del Atlántico, en Argentina, la juez María Servini de Cubría, reconocida por procesar a militares argentinos responsables de delitos de lesa humanidad durante la dictadura, ha pedido al Estado español que identifique a los ministros y responsables franquistas, entre el 17 de junio de 1936 y y el 15 de junio de 1975. En su exhorto incluye a los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, directores de Seguridad y dirigentes de la Falange Española, solicitando el certificado correspondiente en caso de fallecimiento.

Servini de Cubría también solicita datos precisos sobre las fosas comunes encontradas, la cantidad de cuerpos recuperados, el número de personas desaparecidas, con sus nombres y apellidos, y la fecha y lugar de su desaparición, la lista de personas torturadas o muertas, las empresas que utilizaron a presos políticos para hacer trabajo esclavo y la cifra de niños sustraídos a sus familias de origen -la mayoría republicanas, de padres y madres fusilados, encarcelados o exiliados-.

Organismos de recuperación de la memoria histórica cifran en 30.000 los menores, muchos recién nacidos o de pocos meses de edad, robados a sus madres y enviados, en la mayoría de los casos, a instituciones religiosas. Las teorías del siquiatra militar Antonio Vallejo Nágera, que calificaba a los «rojos» de «seres inferiores y enfermos», fueron asumidas por el Estado franquista, que utilizó todos sus resortes para secuestrar a los hijos de republicanos, ya fueran militantes activos o simplemente familiares, y «reeducarlos».

Como jueza de menores, Servini de Cubría fue la primera en restituir a hijos de desaparecidos argentinos apropiados durante la dictadura a sus familias.

En 1998, encarceló al ex almirante Emilio Eduardo Massera, indultado en 1990 por el Gobierno de Carlos Menem, por causas relativas al secuestro y denegación de identidad a menores. La magistrada dictaminó que el secuestro de menores así como el resto de cargos que pesaban sobre Massera eran delitos de lesa humanidad y, por tanto, no prescribían.

Estas actuaciones se enmarcan dentro de la querella que presentaron en Argentina varías víctimas del franquismo.

Aunque en primera instancia archivó las diligencias de acuerdo a un dictamen de la Fiscalía según el cual tales crímenes han sido o son investigados por la justicia española, la Cámara Federal, a petición de los querellantes, declaró nula la decisión de la magistrada, que reactivó la causa iniciada en abril de 2010.

En una entrevista al diario argentino «Página 12», el abogado Carlos Slepoy, impulsor de las causas que investigaron los crímenes de las dictaduras argentinas y chilena y uno de los impulsores de la querella, subrayó que «las causas en el Estado español están paralizadas. El Gobierno dio instrucciones para que los fiscales paralicen los procedimientos. La sensación es que van a dar informaciones confusas para tratar de dilatar».

«La única alternativa es conocer la verdad histórica y en España ni siquiera existe una comisión de la verdad. El retraso es patético, teniendo en cuenta que fue uno de los mayores genocidios del siglo XX», resaltó.