La Casa Real española hacía ayer públicos los ingresos del rey y su familia, unos ingresos hasta ahora desconocidos por los ciudadanos de cuyo dinero proceden. Para una mente simplemente racional y mínimamente democrática hay al menos cuatro cuestiones difíciles de aceptar en torno a ese asunto. En primer lugar, el hecho de que una persona, por pertenecer a una familia determinada, herede ese cargo y ocupe la jefatura de un estado. Segundo, que su cargo conlleve inmunidad ante la ley, dado que el rey de los españoles no está sujeto a responsabilidad, tal y como reza la Constitución española. En tercer lugar, los millones de euros que se destinan al presupuesto para la Casa Real, una parte de los cuales van a parar a inversiones del monarca, además de los casi 300.000 euros anuales que recibe en concepto de sueldo y «gastos de «representación». Un montante que difícilmente se puede justificar, ni en tiempo de crisis ni en época de bonanza. Por último, los principales partidos políticos españoles han alabado el «ejercicio de transparencia» de su rey; sin embargo, esos partidos, cuyos representantes le aplaudían en el Congreso español hasta enrojecer sus manos y ahora se deshacen en elogios a esa «transparencia» real, jamás han censurado el ininterrumpido ejercicio de opacidad que hasta hoy ha practicado con su complicidad.