Las mismas razones históricas, sociales, políticas y jurídicas que fundamentan la necesidad de abolir la pena de muerte o los malos tratos y tortura ejercidas por los estados o entidades supraestatales formales, son aplicables a la privación de libertad. La privación de libertad articulada estructuralmente en torno a la institución carcelaria y al conjunto de estructuras de ejecución penal complementarias a la prisión ha demostrado ser una forma de violencia ilegítima. Esta violencia es posible y necesaria de eliminar debido a muy diversas razones sobradamente argumentadas por diversos autores, de entre la que podemos destacar las siguientes:

1. Es ineficaz desde un punto de vista rehabilitador y de prevención del delito, puesto que no resocializa, sino lo contrario, ni disuade a la población o a los autores de delitos para no reincidir.

2. Es inhumana y degradante tanto para quien la sufre como para su entorno familiar y social, por lo que genera victimización secundaria.

3. Es injusta debido a su aplicación selectiva, que se dirige a una parte ínfima de la población que perpetra delitos y funciona como un dispositivo de criminalización de la pobreza y de determinados tipos de disidencia política, como un mecanismo de manipulación para invisibilizar la delincuencia con mayúsculas, etiquetando a la delincuencia convencionalizada por los propios aparatos de control penal.

4. Es despreciativa para con las víctimas de los delitos, puesto que no les aporta reparación, ni seguridad y les condena a ser convidadas de piedra de la intervención penal.

5. Además, el recurso generalizado a la aplicación de la privación de libertad ha sido uno de los exponentes de la quiebra de los valores democráticos y del respeto al resto de los derechos humanos. Aplica los mismos valores que dice combatir. Aplica la violencia y degradación. La cárcel no es solo privación de libertad. En el interior de las prisiones se priva de otros derechos y lo que es peor, se violan sistemáticamente el derecho a la vida, a la integridad física, al trato digno, a la intimidad, a la salud... justificándose estas violaciones en aras de garantizar la gobernabilidad de las instituciones correccionales y de educar mediante el castigo, la obediencia, la prohibición y demás valores contrarios a los llamados valores democráticos.

Por estas y muchas otras razones, la abolición de la privación de libertad supondría uno de los primeros pasos imprescindibles para democratizar la sociedad y respetar todos los derechos de todas las personas, pero sobre todo para comenzar a afrontar una reflexión interesadamente omitida sobre qué es la seguridad ciudadana, sobre qué entendemos por prevención y lucha contra el delito y sobre cuáles han de ser las respuestas que la sociedad ha de articular para combatirlo.

No se trata tanto de buscar alternativas a la penalización o a la prisión. Se trata de llegar a un escenario en el cual no existan, y tengamos que apañárnoslas para afrontar los conflictos humanos sin el falso recurso al castigo penal que no hace sino ocultarlos y mercantilizarlos, cuando no agravarlos.