Eguzki ha pedido al ministro de Industria, José Manuel Soria, que respete la voluntad popular de Euskal Herria y la decisión adoptada por el Parlamento español de cerrar Garoña en 2013 después de 42 años en activo. El colectivo considera que alargar la vida de la central nuclear burgalesa «no beneficia a la ciudadanía, sino a la industria, y responde a intereses corporativos frente al interés general: la salud y la seguridad de las personas».

El organismo ecologista defiende que la energía nuclear «debe ser desterrada, eliminada». De ahí que se oponga a la pretensión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de prolongar la vida útil de Garoña. Eguzki subraya que la prolongación de la actividad de esta planta nuclear sí supondría una inversión importante, derivada de las recomendaciones efectuadas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para asegurar un nivel de seguridad adecuado.

Y va más allá al restar credibilidad a las pruebas de estrés, porque entiende que solo sirven para calmar a la opinión pública «ya que, además de ser incompletas, nunca podrán afirmar que la energía nuclear es segura, puesto que hoy en día no contamos con los conocimientos ni la tecnología necesarias para controlar esta fuente de energía».

Mientras se suceden en Euskal Herria los pronunciamientos en contra de la prolongación de la actividad de Garoña, el titular de Industria confirmó ayer que tiene la «voluntad y la intención de revocar» la orden ministerial por la que se fijó la clausura para 2013. Soria aseguró que el Gobierno del PSOE fue el que decidió acortar la vida útil de la planta nuclear de 2019 a 2013, en base a una orden ministerial que modificó un acuerdo del CSN, institución a la que el ministro otorga la última palabra para «determinar si está en las condiciones para continuar o no».

Soria manifestó que el Estado español no puede «infrautilizar» esos cinco años de producción de energía de Garoña, sino que debe aprovechar mejor el conjunto de los recursos energéticos de los que dispone.

No obstante, Soria tuvo que asumir que, de los ocho reactores nucleares que hay en el Estado español, el de Garoña no es uno de los de gran producción, ya que la potencia total instalada en el Estado es de unos 100.000 megavatios y Garoña produce unos 400. No obstante, insistió en que tiene potencial para seguir produciendo energía «limpia y barata» hasta 2019.

Pese a las palabras de Soria, la central de Garoña, cuyo plan de desmantelamiento acaba de recibir Industria, sigue trabajando con la vista puesta en el cierre de 2013. Por ello, el plan preliminar de desmantelamiento fue entregado a finales de diciembre por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) al ministerio.

Bildu emplaza a De Andrés

Bildu, por su parte, exigió ayer al diputado general de Araba, Javier De Andrés (PP), que se oponga con firmeza a la prórroga de Garoña hasta 2019. «La posibilidad de mantener operativa una central nuclear obsoleta, con serias grietas en su reactor, abierta hace más de cuarenta años y que se ha convertido en un verdadero peligro para el herrialde debe poner en alerta al máximo responsable de la Diputación», subrayó el portavoz soberanista en Juntas Generales, Gorka Ortiz de Ginea.

«Hace pocos días -recordó-, decía De Andrés que tiene hilo directo con los ministros y que eso es bueno para Araba. Ahora es el momento de demostrarlo y no vale escudarse, como ha hecho otras veces, en que la Diputación no tiene competencias en esa materia, porque sus habitantes deben ser lo primero». Y concluyó que «no es admisible que a 42 kilómetros de la Green Capital haya una central nuclear de la misma generación que la que ha ocasionado el terror en Fukushima».

Ezker Batua de Araba denunció un supuesto «pacto» entre PSOE, PP y PNV para que Garoña está abierta hasta 2019.