Abierta ya la legislatura en el Parlamento del Estado hay una cuestión sobre la que ha de actuar con urgencia el nuevo presidente del Gobierno español si quiere que la normalidad institucional sea un hecho. Se trata de la situación en que se encuentran los siete diputados de Amaiur, a los que se ha negado, con todas las consecuencias negativas para su trabajo parlamentario, la posesión de grupo en la Cámara. Planteado de modo escueto el problema cabe preguntar al Sr. Rajoy si prefiere que Amaiur actúe políticamente en el Congreso de los Diputados por lo que se refiere a su acción política estatal o haya de hacerlo en la calle. Lo que no se puede pedir a diputados que representan tan numerosamente a su pueblo es que se resignen a una inacción que equivaldría a un menosprecio inadmisible de los votantes vascos.

Mantener a Amaiur al margen de la normalidad parlamentaria equivale a herir gravemente al proceso democrático. Es más, esa marginación conlleva el peligro de incomprensiones crecientes y recalienta la vida vasca. El mismo lehendakari socialista de Euskadi ha reconocido este comportamiento de la Mesa de las Cortes como un error preocupante. El Sr. Rajoy no puede brindar esa postura a sus seguidores más radicales sin comprometer un futuro que empieza herido de presente. Complacer a un españolismo absurdo por su obcecado inmovilismo conlleva el peligro de abrir una preocupante vía de agua en la gobernación del Estado. Por otra parte será muy difícil plantear a Europa esta decisión excluyente y al mismo tiempo proclamar constantemente la madurez democrática de España. Europa ya ha sido muy liberal en estos asuntos.