El Gobierno español anunciaba el pasado jueves que pedirá al Banco de España su opinión sobre las retribuciones en las entidades financieras intervenidas o que han recibido ayudas del Estado, con el fin de evitar que se premie a sus directivos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, argumentó que su Gobierno quiere saber si el organismo supervisor cree adecuadas «a las circunstancias actuales» las retribuciones, tanto fijas como variables, de los directivos de las entidades intervenidas o que han recibido ayudas públicas.

Por eso, la vicepresidenta informó de que el titular de Economía, Luis de Guindos, pedirá «por carta» al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, un informe para conocer la posición del organismo sobre estos sueldos.

Esta decisión llega una semana después de que la práctica totalidad de los directivos de Bankia, Banca Cívica, BMN, Caja España-Duero, CatalunyaCaixa, NovaGalicia y Unnim, a petición del Banco de España, hicieran públicas sus retribuciones, que alcanzaron casi los 80 millones de euros en 2011.

De esta forma, la controversia creada en torno a esta cuestión pasa ahora al tejado del Banco de España, dirigido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, bajo cuyo mandato se han producido los abusos salariales en muchas de estas entidades.

Según el informe que elabore el Banco de España, el Gobierno de Mariano Rajoy adoptará «medidas» para que «no se premie a los directivos de entidades intervenidas o que han necesitado apoyo público» para continuar con su actividad.

Sáenz de Santamaría puso como ejemplo que en otros países de la Unión Europea se han adoptado ya medidas sobre las retribuciones de los gestores de entidades financieras, especialmente en aquellas que han recibido ayudas.

Además de los salarios, los presidentes, consejeros delegados y altos ejecutivos de las cajas rescatadas cuentan con suculentos planes de pensiones y con blindajes en sus contratos por importe conjunto superior a 20 millones.

Según los datos publicados la pasada semana, los primeros espadas de las siete cajas que han recibido recursos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) gozarían de indemnizaciones que oscilan entre los 360.000 euros y los 4,5 millones de euros en caso de abandonar el cargo de forma no voluntaria.

No habrá «banco malo»

La petición del Gobierno de Rajoy al Banco de España se enmarca, según explicó Sáenz de Santamaría, dentro de los planes del Ejecutivo de que la reforma del sistema financiero esté concluida en los primeros seis meses del año, en los que exigirá mayores provisiones a la banca por sus activos tóxicos.

En cualquier caso, el Gobierno insistió en que «no está en la mesa de Gobierno ni en la del Consejo de Ministros» crear un «banco malo» -una entidad que concentraría los activos tóxicos del sector como se ha hecho en Irlanda-. Fuentes financieras consultadas por la agencia Efe creen que el Ejecutivo optará por elevar del 30% al 50% las provisiones que deben tener los bancos por los inmuebles adjudicados, para que tengan que reforzar su capital.

Además, señalan que las entidades podrían tener que ajustar prácticamente a cero el valor del suelo urbanizable que poseen, lo que les obligará a captar capital privado o a reforzar su solvencia mediante fusiones.