La aprobación por parte del Gobierno de Nafarroa de la Ley de la Renta de Inclusión Social el pasado 23 de diciembre ha provocado un aluvión de críticas por parte de diferentes agentes sociales al considerar que en realidad no protege a los colectivos más vulnerables de la sociedad, aquellos que tienen ingresos más bajos o que, en muchos casos, carece de ellos.

Es más, la valoración que recientemente ha elaborado el sindicato ELA sobre esta ley afirma que con la nueva legislación se disminuye la cuantía a percibir además de dificultar su acceso. Actualmente, el número de personas que no tiene ningún ingreso, y que por lo tanto, tiene derecho a cobrar la renta básica, asciende a 7.239.

La rebautizada como Renta de Inclusión Social viene a sustituir a la renta básica tras haber incluido una serie de cambios en ella. Así, tal y como cita el anteproyecto de ley foral por la que se regula la renta de inclusión social, la «actual realidad social requiere un replanteamiento del programa de la prestación de renta básica», por lo que se plantea el cambio de la normativa estableciendo dos tipos de perceptores. Por un lado, están las familias en situación de exclusión social, que son las que recibirán dicha renta, y por otro, las personas que se han quedado en situación de desempleo y sin derecho a prestaciones o subsidios. En este caso, propone otro tipo de medidas destinadas a la inserción laboral, ya que considera que se encuentran en situación de exclusión de manera transitoria.

Demanda creciente

La valoración de ELA constata que antes de aprobar la renta de inclusión social, el Departamento de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud del Gobierno navarro «ya había llevado a cabo duros recortes», entre los que destaca la congelación de las prestaciones económicas recogidas en la Cartera de Servicios Sociales, ya que no se actualizarán conforme al IPC.

«Queda claro que garantizar las necesidades básicas de las personas a través de las prestaciones sociales no es una prioridad para el Gobierno», afirma ELA. Añade que en la actual coyuntura la demanda de estas prestaciones ha subido notablemente y denuncia que sea precisamente la gente que mayor precariedad sufre la que soporte las consecuencias de la crisis.

Los datos son esclarecedores. El número de personas paradas que no recibe ninguna prestación por desempleo se ha duplicado en los últimos tres años. Así, si en 2008 eran 8.682 personas, en noviembre de 2011 ascendían a 16.652. Según la nueva normativa, estas personas pasarán a formar parte de un programa de inserción laboral.

La cantidad de personas perceptoras de renta básica también ha registrado una importante subida. En 2002 eran 2.341 y en septiembre de 2011, 7.239, es decir, 4.898 personas más.

Como consecuencia, el gasto total en renta básica también ha aumentado, pasando de los 4,8 millones de euros en 2002 a los 36,7 en diciembre de 2011. Concretamente el gasto previsto para 2011 supone el 0,95% del presupuesto, mientras hasta 2008 se ha venido gastando en torno al 0,2% del presupuesto en esta partida. En este sentido, ELA denuncia que «si bien es cierto que el gasto ha aumentado, no es menos cierto que este gasto sigue siendo una parte ínfima del presupuesto».

Estrictas condiciones

Ante estas cifras, ELA afirma que las condiciones establecidas para poder recibir la renta de inclusión social dificultan el acceso a la misma ya que es obligatorio «residir legalmente en territorio español» y «residir de forma efectiva y continuada en Navarra durante todo el período de percepción de la prestación». Además, establece que los beneficiarios «deben mantenerse disponibles para el empleo y no pueden rechazar una oferta».

El sindicato también denuncia que se recorta la cuantía de la renta básica al eliminar la referencia al salario mínimo (SMI). Así, esta cantidad podrá ser menor que el SMI y desde el décimotercer mes de percepción el importe será hasta el 90%. Además se limita el período de percepción a 24 meses.

Por todo ello, ELA considera que «los recortes» que se dan con esta nueva regulación «son decisiones políticas», con las que se pretende bajar el gasto, y «aprovechando la época coyuntural de crisis, recortar las prestaciones sociales de forma definitiva».