Cuando, después de intensas negociaciones, en setiembre se alcanzó un consenso en torno a Kutxabank, no era fácil aventurar que sus primeros días iban a ser tan controvertidos, pero el acuerdo entre PNV y PP para copar su consejo de administración y reducir el peso de Kutxa -y por tanto de Gipuzkoa- en el órgano de dirección ha propiciado que el nuevo banco haya nacido en medio de una profunda crisis. Y ese es el peor de los escenarios para un proyecto que, por definición, necesita del respaldo institucional si quiere cumplir con la función que le encomendaron sus fundadores. Al menos sobre el papel.

En el plazo de una semana, tanto la Diputación de Gipuzkoa como las Juntas Generales de ese herrialde han expresado su oposición al consejo de administración que preside Mario Fernández, y aunque el hombre fuerte de BBK y sus valedores políticos hayan restado importancia a las críticas, no deberían pasar por alto su alcance. Kutxabank no puede iniciar su andadura con el rechazo de las principales instituciones guipuzcoanas, y tampoco con el de dos fuerzas políticas que en los últimos comicios representaron a la mitad del electorado de la CAV. Y si lo hace, será un ejercicio de irresponsabilidad por parte de sus gestores.

El acuerdo que dio luz verde a Kutxabank fue fruto del esfuerzo, la voluntad negociadora y el compromiso de las partes respecto a su función social y control público. Ese compromiso quedó roto cuando PNV y PP dejaron fuera a Bildu y PSE y redujeron el número de consejeros unilateralmente. Sin embargo, aunque haya protagonizado el peor inicio posible, hay margen para que el banco entre en la senda del consenso y sus órganos representen a la mayoría social y política de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Kutxabank aún puede ser un buen instrumento que promueva el desarrollo económico de este país y desarrolle la función social que reclama su ciudadanía. Pero para ello quienes lo dirigen deben asumir que se han equivocado y cambiar de rumbo.