La sentencia condenatoria que el Juzgado de lo Penal número 2 de Gasteiz emitió ayer contra seis ciudadanos que hace tres años participaron en una protesta contra el TAV en las obras de esa infraestructura en Urbina es un hecho que tiene muchos precedentes similares. Un proceder demasiado habitual en este país, que pretende justificar la actitud de las instituciones de hacer oídos sordos a las demandas de los ciudadanos, a quienes niegan incluso el debate y la información acerca de los proyectos que se pagan con su dinero; que da por bueno que una protesta pacífica se reprima como lo hizo la Ertzaintza hace tres años en Urbina, y que una vez más hace prevalecer la versión oficial, en este caso la de la policía, sobre cualquier otra en perjuicio no solo de la verdad, sino también de las personas. Así, la sentada pacífica en el recinto de las obras del TAV en Urbina se convirtió, según la Ertzaintza, en un ataque a ese cuerpo policial, y el Juzgado ha dado por buena esa versión para apoyar su fallo condenatorio. Las condena es inferior a la petición del fiscal, pero no por ello menos injusta, toda vez que supone un castigo a la libertad de expresión y un intento de escarmiento dirigido a la iniciativa popular, que no exige otra cosa que se le consulte a la hora de abordar grandes proyectos y participar en las soluciones a los problemas que le afectan.