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Las Juntas de Gipuzkoa piden que se revoque el Consejo de Kutxabank

La suma de los votos de Bildu y PSE dio luz verde en las Juntas Generales de Gipuzkoa a una resolución en la que se rechaza la actual composición del Consejo de Administración de Kutxabank. Asimismo se reclama que se respete el contrato de integración original, en el que se recoge que dicho órgano ha de tener 20 consejeros y no 15, tal y como han pactado, reduciendo el peso de Kutxa, PNV y PP.

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GARA | DONOSTIA

Las Juntas Generales de Gipuzkoa mostraron ayer su rechazo a la actual composición del Consejo de Administración de Kutxabank, al considerar que el pacto PNV-PP ha excluido «la participación de una representación plural de la sociedad y las instituciones vascas» en este organismo.

Asimismo, en el texto presentado y aprobado por Bildu y PSE se reclama que se anule la decisión de bajar de 20 a 15 el número de miembros del Consejo. Al respecto, cabe recordar que con la reducción de consejeros se ha disminuido la representación porcentual de Kutxa en el máximo órgano de dirección.

PNV y PP emitieron un voto negativo, mientras que Aralar se abstuvo y presentó su propio texto alternativo, en el que expresa su rechazo a este modelo de fusión y a la bancarización de BBK, Kutxa y Caja Vital.

La portavoz de Bildu, Idoia Ormazabal, inició el debate con una crítica al pacto «excluyente» alcanzado por el PNV y el PP, que a su juicio ha llevado a «reducir el peso de Kutxa y en consecuencia el de Gipuzkoa» y «traiciona lo pactado en setiembre para la creación de Kutxabank y la buena voluntad que mostró Bildu en las negociaciones con los presidentes de las tres cajas».

Ormazabal reclamó que Kutxabank sea «un proyecto de todos» y «al servicio» de la ciudadanía vasca, y preguntó a los dirigentes jeltzales en el herrialde, concretamente a Joseba Egibar y Markel Olano, si apoyan este acuerdo pese al «desprecio que supone» para Gipuzkoa.

La representante del PSE, Rafaela Romero, criticó que Kutxabank quiera ser «administrado ahora en régimen excluyente por la derecha» y lamentó que «en la actuación política, que no en el ámbito personal, la humildad sea incompatible genéticamente con el PNV».

Primeras palabras del PNV

Había expectación por escuchar a Olano, ya que hasta ayer ningún cargo relevante del PNV de Gipuzkoa se había pronunciado al respecto. El ex diputado general acusó a Bildu de «autoexcluirse» del Consejo y argumentó que el peso porcentual de cada caja en el banco -que marca el reparto de acciones y, por tanto, de beneficios- está acordado en el contrato de integración (57% BBK, 32% para Kutxa y 11% para Vital) y que eso es independiente de la composición del Consejo, que es el que toma las decisiones.

No obstante, en dicho contrato también se fijó la composición de un Consejo con 20 integrantes: 12 de BBK (60%), 6 de Kutxa (30%) y 2 de Vital (10%), pero con el nuevo reparto BBK mantiene ese 60%, Kutxa baja al 26,66% y Vital sube al 13,33%.

Markel Olano preguntó a Bildu si aceptaría perder representatividad «en todas las instituciones, organismos y sociedades públicas que controla, como el Consorcio de residuos, dejando que la oposición obtenga la mayoría».

Juan Carlos Cano (PP), criticó los «fuegos de artificio» de Bildu y PSE, que en su opinión solo buscan crear confusión.

Rebeka Ubera (Aralar) tildó de «lamentable» que el debate se centre en el «reparto de poder» y no en el modelo de entidad. Consideró que el pacto PNV-PP es «mera consecuencia» de la fusión, ya que «los neoliberales se muestran vestidos como ovejas cuando les conviene». A su juicio, la bancarización es la «muerte anunciada» de Kutxa, y «la siguiente víctima será la obra social».

Iturbe y la Diputación

El presidente de la Kutxa y vicepresidente primero de Kutxabank, Xabier Iturbe, calificó de «gesto político» sin repercusiones prácticas el hecho de que la Diputación de Gipuzkoa le retirase su respaldo y anunciase que estudiaría posibles medidas para que el Consejo de Administración del banco sea «lo más provisional posible».

PNV y PP rechazan que la OCT coordine la lucha contra el fraude

Las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron una resolución contra el fraude fiscal en la que se insta a la Diputación a apoyar en el seno del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) la puesta en marcha de planes de inspección conjuntos y a establecer los mecanismos para que la información de los contribuyentes de los tres herrialdes pueda estar a disposición de este organismo.

La propuesta salió adelante con los votos de Bildu, PSE y Aralar, mientras que PNV y PP se posicionaron en contra. Desde la coalición, su juntero Enrique Martínez manifestó que cualquier iniciativa contra el fraude debe ser «mirada con simpatía», ya que puede servir para engrosar las arcas forales. El portavoz del PSE, Julio Astudillo, subrayó los planes de inspección conjunta en el OCT contribuirían a luchar contra una práctica que supone la «máxima expresión de la insolidaridad», mientras que Rebeka Ubera (Aralar) apuntó que un informe de la UPV cifra en «2.500 millones de euros el dinero que pierden las administraciones vascas a causa del fraude fiscal».

La juntera del PNV Itziar Aguirre defendió la lucha contra el fraude pero «con seriedad y dejando a un lado la demagogia». Recalcó que las diputaciones ya realizan su trabajo en este ámbito y que iniciativas como esta pueden ocasionar «duplicidades» o poner a disposición de algunas administraciones información no necesaria para el desarrollo de sus funciones. Iñigo Manrique (PP) consideró que la propuesta «no aporta nada». «No rechazamos la lucha contra el fraude, pero sí dar carta blanca» al OCT, sentenció. GARA

el «error» del pse

El diputado general de Araba, Javier de Andrés (PP), achacó la situación a un «error» del PSE, que no concretó los puestos en el Consejo antes de aprobarse la integración. «Y eso lo aprovechó el PNV para garantizarse la mayoría», explicó.

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