La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Gobierno español, que dirige Angel Yuste, tiene ya las peticiones individuales de cada preso político vasco solicitando su traslado a prisiones de Euskal Herria. Además, quienes han cumplido las tres cuartas partes de la condena, las presas y presos con enfermedades graves y aquellos que han visto alargada su pena por la aplicación de la denominada «doctrina Parot» también se han dirigido a las instancias administrativas o judiciales pertinentes demandando su puesta en libertad.

Se trata de dos iniciativas legales, desarrolladas en las últimas semanas, y que el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) ya anunció que iba a poner en marcha a través de sendos comunicados publicados el 13 de noviembre y el 10 de diciembre.

Según ha sabido GARA, precisamente el mismo 10 de diciembre, Día internacional de los Derechos Humanos, cada uno de los miembros del EPPK entregó ante la dirección de su respectiva prisión un escrito solicitando personalmente su traslado a Euskal Herria junto con el resto de presos políticos.

A través de cada cárcel, estas solicitudes se tramitan ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por lo que cada una de estas más de quinientas peticiones individuales debe estar ya en la agenda de trabajo Ángel Yuste y de su superior, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.

Fuentes de la defensa de los presos explicaron que Instituciones Penitenciarias no tiene plazo legal para responder a estas peticiones, cuya denegación puede luego ser objeto de recurso ante instancias judiciales.

Peticiones de libertad

Junto a las peticiones de traslados a Euskal Herria que han firmado todos los presos, aquellos que por diferentes razones debieran estar ya en libertad también han registrado solicitudes individualizadas de excarcelación.

Quienes han cumplido las tres cuartas partes de su condena han dirigido sus escritos tanto a Instituciones Penitenciarias, a través de la dirección de cada prisión, como al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, a cuyo frente se encuentra el juez José Luis Castro Antonio

A este mismo juzgado han dirigido sus peticiones los presos  Txus Martín Hernando, Gotzone López de Luzuriaga, Inmaculada Berriozabal y José Angel Biguri, que se encuentran afectados por graves enfermedades y que también demandan su puesta en libertad.

Por lo que respecta a los prisioneros a los que se les ha alargado la condena en aplicación de la llamada «doctrina Parot», sus casos están en manos del Tribunal Constitucional.

Además, el conjunto de miembros del EPPK han remitido también escritos tanto a Instituciones Penitenciarias como al Juzgado Central de Vigilancia pidiendo la puesta en libertad de sus compañeros. Una iniciativa que en los últimos días ha sido filtrada por las autoridades españolas a diversos medios de comunicación.
El Colectivo de Presos Políticos Vascos ya anunció el 13 de noviembre que los presos sometidos a medidas de excepción pedirían su libertad y que contarían con el apoyo de todos sus compañeros.

Ríos reclama claridad a Madrid

Mientras el Gobierno español determina qué hace con todas las peticiones individualizadas de traslado a Euskal Herria y puestas en libertad, le siguen llegando peticiones de que realice movimientos en materia penitenciaria. Así, el coordinador de Lokarri, Paul Ríos, reclamó ayer que se especifique «en un papel» las condiciones que tienen que cumplir los presos para que se atiendan sus peticiones legales.

En una entrevista concedida a Onda Vasca y recogida por Europa Press, Paul Ríos afirmó que «todo esto hay que clarificarlo» y poner en un papel cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir «de manera clara para que un preso pueda acceder a un beneficio penitenciario» y «tienen que ser criterios generales para todos ellos». «No se pueden hacer criterios que se apliquen, de una manera u otra, a partir de quién sea el preso. Y, a partir de ahí, la persona presa tiene que acceder de manera individual a esos beneficios penitenciarios», añadió.

El coordinador de Lokarri explicó que en Irlanda «se hizo lo mismo, se pusieron tres condiciones de manera general, pero, luego, la aceptación de esas condiciones era individualizada». «Una vez que tienes un marco general para todas las personas presas, se puede ir estudiando caso por caso. Lo más pernicioso -explicó- es caer en esta ambigüedad que hay ahora».

Paul Ríos trajo a la memoria que hace cuatro o cinco años el Partido Popular decía que, «una vez que ETA dejase la violencia, era posible que los presos accediesen a beneficios penitenciarios, y ahora que ETA deja la violencia, se pone como condición la disolución».

En opinión del coordinador general de Lokarri, «todo esto conduce a una gran inseguridad, incluso jurídica, para los propios presos. Por eso, hay que clarificarlo de una vez».