El Gobierno húngaro reaccionó ayer con una nueva oferta de diálogo a la advertencia de posibles sanciones formulada por la Comisión Europea (CE) por la aprobación de una nueva Constitución y varias leyes con posibles incompatibilidades a las normas comunitarias. Bruselas instó ayer al Ejecutivo a cambiar algunos puntos controvertidos de su legislación y propuso seguir adelante con el procedimiento por déficit excesivo contra Hungría con la amenaza de suspender los fondos de cohesión, al considerar que no ha hecho lo suficiente para corregirlo.

El Gobierno conservador se mostró dispuesto a «seguir dialogando sobre los asuntos planteados por la Comisión Europea, las negociaciones y la búsqueda de soluciones». Budapest reconoce la autoridad de Bruselas como guardiana de los tratados comunitarios y su competencia para decidir si las leyes aprobadas son compatibles con el derecho comunitario. «Hungría es un Estado de derecho y el Gobierno está comprometido con los universales valores europeos», argumentó ante las dudas de la CE de que la nueva Constitución y varias leyes a las que ampara cumplan las normas del bloque.

Budapest ratificó su compromiso con las obligaciones que emanan de los tratados comunitarios y confió en que el dictamen de Bruselas, esperado para la próxima semana, sea «profundo e imparcial».

La principal preocupación de la CE es la limitación de la independencia del Banco Central Húngaro que establece una nueva legislación de rango constitucional. En cuanto al déficit, aunque en 2011 no superó formal- mente el 3 %, Bruselas cree que la cifra responde a la inclusión de elementos excepcionales en el cálculo y de medidas puntuales que esconden «un severo deterioro» de las cuentas públicas.

Bruselas decidirá en los próximos días si denuncia a Hungría, tras analizar esas posibles incompatibilidades. El análisis legal aborda también otros posibles incumplimientos del derecho comunitario como «las prejubilaciones obligatorias para jueces y fiscales a los 62 años y el nuevo régimen para los organismos de protección de datos».

En los últimos días, el Gobierno húngaro ya había reiterado su disposición a dialogar y enmendar las leyes más polémicas, tras la decisión de la UE de congelar la negociación sobre un préstamo a Hungría hasta que se garantice la independencia del Banco Central. Ese crédito, de entre 15.000 y 20.000 millones de euros, es esencial para evitar la quiebra del país.