La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó ayer en una rueda de prensa que las comunidades autónomas deberán aprobar un techo de gasto previo a la elaboración de sus presupuestos, con una deuda que no podrá superar el 60% del PIB, en tanto que se establecerán sanciones en función de la reincidencia y gravedad de los incumplimientos con la estabilidad presupuestaria.

Sáenz de Santamaría aclaró que estas premisas constan en el anteproyecto de la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria que presentó ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que llevará el próximo martes al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Añadió que este anteproyecto prevé además «mecanismos correctores» para devolver a la senda de la estabilidad eventuales desviaciones del déficit.

Estos mecanismos contemplan que cuando haya una desviación en los objetivos de déficit y deuda se establezca una corrección «cuasiautomática» que tendrá como referencia un porcentaje del PIB, y se verá cómo debe solucionarlo la administración responsable. Las comunidades fijarán sus techos de gasto en función de esa regla incluida en la Ley y después elaborarán sus presupuestos y decidirán a qué quieren destinar las diferentes partidas. «No diremos cómo tienen que gastar, pero tendrán que cumplir esa norma», señaló la vicepresidenta.