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Un Govern en manos del Partido Popular

El apoyo de CiU a las primeras medidas de Mariano Rajoy refleja la necesidad del Govern de Artur Mas de mantener una buena relación con el PP, con el objetivo de aprobar unos presupuestos regresivos que ningún otro partido del Principat apoyará.

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Beñat ZALDUA

La decisión de CiU de votar a favor de los primeros recortes del Gobierno de Mariano Rajoy ha causado estupefacción en el Princi- pat, donde no es fácil entender dicho apoyo después de que el Govern alertase durante días sobre el «aroma centra- lizador» que emanaban las medidas planteadas por el Ejecutivo español.

Pero la razón, o al menos una de ellas, se desveló el jueves. Sin querer evitarlo, la líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, dio la explicación más razonable al declarar que «el sí de CiU facilita las cosas» para pactar los presupuestos del Principat, que la semana que viene tendrán su primera prueba de fuego en el Parlament.

De poco sirvió que el diputado de CiU en el Congreso Josep Sánchez Llibre declarará ayer que votaron junto al PP por responsabilidad y «a cambio de nada», esgrimiendo como razón que los representantes de CiU son «de una raza diferente». Tampoco sirvió que el president, Artur Mas, intentase sacar pecho anunciando que exigirán este mismo año a Madrid el ansiado pacto fiscal. Su doble en el programa satírico de TV3 «Polonia» parecía más cercano a la realidad cuando, esta misma semana, representaba a Mas como un niño que quiere seguir creyendo, con la ayuda de Sánchez-Camacho, que el pacto fiscal existe, mientras la oposición le insiste que no, que es mentira, que son los padres.

La decisión de CiU refleja el deseo de mantener al PP como pareja de baile en cuanto a la aplicación de medidas económicas, pese a que PSC y ERC han mantenido durante semanas su propuesta de negociación encima de la mesa. Tanto socialistas como republicanos, ansiosos por recuperar su papel en la escena política catalana tras los varapalos electorales, rebajaron su perfil más izquierdista para posibilitar dicho pacto.

Sin embargo, los presupuestos del Govern incluyen recortes sociales que superan las líneas rojas marcadas por PSC y ERC. Además, CiU no quiere dar su brazo a torcer en ninguna de las propuestas de la oposición, como el aumento de la carga impositiva a las rentas más altas. De hecho, el único cambio que ha realizado sobre su propuesta original ha sido abrir la puerta a la negociación de la tasa turística y del llamado «tíquet moderador» de la sanidad, por el que todo paciente tendrá que pagar un euro por receta médica. Ambos asuntos habían provocado la queja del PP.

Por lo demás, CiU se empeña en aprobar unos presupuestos que contemplan una reducción del gasto del 0,7% respecto al 2011 -que ya rebajó el gasto en un 10% respecto a 2010-, con el obsesivo objetivo de quedarse en un déficit del 1,3.

Ante la clara decisión del Govern, el PSC anunció a principios de esta semana que forzaría un debate monográfico en el Parlament sobre los recortes, para lo cual ha recibido el apoyo de ICV-EUiA, Solidaritat per la Independència y Ciutadans, mientras que ERC ha rechazado el debate por «innecesario y redundante».

La PP-dependencia se agrava

La dependencia de CiU hacia el PP se agrava todavía más en el Ayuntamiento de Barcelona, donde Xavier Trias gobierna con una exigua mayoría de 14 concejales sobre un total de 41. La aritmética le obliga a pactar cualquier medida con los 11 representantes del PSC o con los 9 del PP y la opción preferente hasta ahora, igual que en la Generalitat, ha sido la segunda.

Cansado del trato de amante de CiU, que no quería oficializar el matrimonio con los populares, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Alberto Fernández Díaz, se plantó en diciembre y exigió a Trias la entrada formal en el Gobierno municipal. CiU, que ya tenía los presupuestos aprobados -gracias al PP- se hizo el remolón hasta que el martes pasado, Fernández Díaz anunció su renuncia a entrar en el Ejecutivo local alegando «la deriva independentista» del alcalde y su partido.

El portavoz popular también anunció que, a partir de ahora, su oposición será mucho más dura, por lo que en unas semanas, cuando Trias tenga que aprobar el Plan de Actuación Municipal de su mandato, el Gobierno volverá a pender de un hilo.

El jefe de los Mossos, imputado por el desalojo de Plaza Catalunya

Después de admitir a trámite la querella presentada por 56 personas, el juez Josep Maria Miquel Porres ha llamado a declarar en calidad de imputados al director general de los Mossos d'Esquadra, Manel Prat, y a la entonces concejal de Movilidad y Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, la socialista Assumpta Escarp, por el brutal intento de desalojo de la Plaza Catalunya, el pasado 27 de mayo. Ambos tendrán que dar cuenta, junto a un intendente y un subinspector, de una intervención inútil cuyas imágenes, que dieron la vuelta al mundo, sirvieron para dar aire al movimiento de los «indignados».

Es la primera vez que un juez imputa al director general de la Policía autonómica por un caso de represión. Pese a que su superior, el consejero de Interior, Felip Puig, que había declarado que irían «un poco más allá» de lo permitido por la ley, fue acusado como máximo responsable, el juez no ha podido imputarlo por su condición de aforado, ya que la competencia para imputar a un diputado reside en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. B.Z.

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