El ministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro, desveló ayer que el Ejecutivo de Madrid va a impulsar un cambio en la ley para que se puedan exigir responsabilidades penales a los gestores públicos, políticos o no, que incumplan los presupuestos. «Lo que vamos a hacer ahora es un cambio que llamamos Ley de Transparencia de Gobierno. Vamos a exigir responsabilidades penales para los gestores públicos», ya sean políticos o personas nombradas por políticos, apuntó.

Montoro añadió que la comunidad autónoma o ayuntamiento que no cumpla puede quedar inhabilitado durante algún tiempo. Se trata, subrayó, de trasladar las sanciones que están vigentes en Europa al sistema institucional español, lo que implica en una primera fase un castigo económico en función de la reincidencia y la gravedad y en una segunda la citada inhabilitación, con lo que el Estado podría temporalmente hacerse cargo de la gestión del territorio intervenido.

El ministro manifestó que un gestor público «no puede gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto» porque si lo hace está falseando la contabilidad pública y guardando facturas en un cajón que luego se vuelven impagables.

El titular de Hacienda dijo que si una administración quiere gastar más «que lo haga subiendo los impuestos a los ciudadanos» y que estos decidan después en las elecciones si el proceder ha sido el correcto.

«Los intereses del capital»

Las reacciones no se hicieron esperar, entre ellas las de las formaciones abertzales. El portavoz parlamentario de Bildu en Nafarroa, Maiorga Ramírez, aseveró que «todo representante público debe ser responsable y responder de su actuación», pero alertó de que «no es admisible la intención que se atisba, y que entronca con épocas pasadas, de criminalizar actuaciones políticas en la gestión institucional que antepongan los derechos sociales de la ciudadanía y los pilares del estado de bienestar a los intereses del capital y las grandes fortunas».

El diputado del PNV Pedro Azpiazu estimó que la advertencia de Montoro suena «muy fuerte» y puso en duda que la ley dé «para tanto». Para el portavoz de Na-Bai, Patxi Zabaleta, la propuesta es «carente de rigor y desafortunada», aunque aseguró que «si la voluntad es perseguir la malversación de fondos, que es el tipo penal que hay que perseguir, y erradicar la corrupción, en esa voluntad estaríamos de acuerdo».

Toma y daca

Los dos grandes partidos españoles, PP y PSOE, aprovecharon para airear trapos más o menos sucios. Por ejemplo, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha, donde ahora gobierna el PP tras muchos años bajo el mando del PSOE, recordó que han cerrado 2011 «con más de 3.000 millones de euros pendientes de pago a acreedores y un endeudamiento de 7.000 millones», aunque matizó que la ley no se podría aplicar con carácter retroactivo.

El PSOE replicó preguntando si el exalcalde de Madrid y actual titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se aplicará a sí mismo esta ley, ya que durante su gestión como regidor de la capital española multiplicó por cinco la deuda de ese ayuntamiento y lo dejó como el más endeudado de todo el Estado, con más de 7.000 millones.

El principal partido de la oposición apuntó que no es lo mismo incurrir en déficit por mantener servicios sociales que por «organizar eventos como la Fórmula Uno -en clara alusión a Valencia- o por hacer obras faraónicas que ni son imprescindibles ni suponen la prestación de servicios básicos».

Desde la Comunidad Valenciaba, que aguarda un anticipo del Gobierno central de 420 millones para poder pagar a sus proveedores, su consejero de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela (PP) calificó de «muy razonable» la propuesta de Montoro.