Condenan a CAF y Balenciaga a pagar 385.000 euros a dos afectados de amianto
CAF y Astilleros Balenciaga tendrán que indemnizar con 385.000 euros a dos afectados por el amianto por no haber previsto medidas de prevención de riesgos laborales. Por otro lado, todos los grupos políticos de Errenteria han firmado una moción contra el amianto.
Juanjo BASTERRA | BILBO
El Juzgado de Lo Social número 3 de Donostia ha condenado a CAF y a Astilleros Balenciaga a que indemnicen con 136.703,8 euros al ex trabajador Francisco González Nieto, que sufre en estos momentos un mesotelioma, un tipo de cáncer derivado de la inhalación de fibras de amianto durante su vida laboral, y desde julio de 2010 está diagnosticado de asbestosis. En la sentencia se confirma que ambas empresas no dispusieron de las medidas adecuadas de prevención para evitar la enfermedad profesional de este soldador.
A la vez, la Sala de Lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha elevado la indemnización que CAF deberá pagar a José García Ortega de 107.009,52 euros, sentenciada en primera instancia, a 248.666,66 euros que estima el alto tribunal. En el auto se confirma que en la empresa de ferrocarriles no se tuvieron en cuenta las medidas de prevención que le evitaran el cáncer.
Otro recurso de la viuda e hijas de José María Díaz Contreras fue desestimado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El trabajador falleció por el cáncer derivado del amianto y durante su vida laboral estuvo trabajando en varias empresas, entre ellas Varela.
Reclamaban un recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad. El trabajador estuvo en varias empresas y en la de Varela no obtuvieron testimonios de extrabajadores que determinaran que él trabajo con el mineral cancerígeno. Lo cierto es que la enfermedad profesional de la que murió sólo se contrae por la exposición a amianto.
Por otro lado, todos los grupos del Ayuntamiento de Errenteria acordaron una moción en relación a las víctimas del amianto. Bildu, PSE, PNV, PP y Errenteriako Ezkerra recuerdan en el texto que el pasado 4 de diciembre murió el vecino Ángel Robles, que trabajó en Luzuriaga Fagor. A comienzos de enero, la Seguridad Social le reconoció la enfermedad profesional, pero ya había fallecido. «Lo ocurrido -indica la moción- no es algo nuevo ni excepcional. Porque los datos nos dicen que cerca de 25.000 personas han trabajado con amianto en los últimos 30 años».
La moción pide que el Ayuntamiento guipuzcoano «solicite a Osalan la aplicación del protocolo de vigilancia sanitaria específica postocupacional a trabajadores jubilados que han estado en contacto con el amianto» y «la aplicación de un protocolo específico para la detección de enfermedades asociadas al mineral cancerígeno».
Reclama mecanismos de colaboración con las mutuas para extender ese control y la creación de un Fondo de Compensación para las víctimas que garantice las indemnizaciones a las personas afectadas. Esta iniciativa unitaria es el camino que los afectados esperan en otros municipios.
El Juzgado número 3 de Donostia ha condenado a Sidenor Industrial y a Cofivacasa a indemnizar con 226.688,83 euros a un pensionista afectado de silicosis y carcinoma pulmonar que trabajó en Pedro Orbegozo -Acenor, de Hernani. En setiembre de 2010, estando afectado por un carcinoma epidermoide de pulmón, sin que Osakidetza comunicase la sospecha de enfermedad profesional, el Área de Salud Laboral de CCOO logró que Osalan y la Seguridad Social le reconocieran incapacidad absoluta por enfermedad profesional. Jesús Uzkudun (CCOO) destacó «la importancia de la lucha por la prevención de los riesgos laborales y la protección de la salud, frente a la pretensión de ahorrar en la materia». A la vez, alertó de la necesidad de «no olvidar los riesgos higiénicos y ergonómicos en el puesto de trabajo», puesto que a posteriori «aparecen graves enfermedades profesionales y las empresas se ven obligadas a responder a demandas con cuantiosas indemnizaciones». J. B.
Todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Errenteria rubrican una moción para que se exija al Gobierno de Lakua la puesta en marcha de un Fondo de Compensación de las víctimas del amianto, entre otras medidas.
