DENUNCIAS por BEBÉS ROBADOS
La decisión personal de romper el silencio
Iñaki IRIONDO
Tras haber escuchado en un informativo televisivo al lehendakari hablando de los bebés robados, Antonio Jiménez, un hombre que trabajó en una funeraria de Granada entre 1978 y 1988, llamó a Radio Euskadi para contar que en ocasiones era requerido por el Hospital Materno Infantil de la capital granadina para hacer «servicios» de supuestos bebés fallecidos. «Yo, como funerario -relata-, llevaba mi pequeño ataúd, bajaba al depósito, al frigorífico, y me decían, `coge este paquete, introdúcelo en el ataúd, toma el certificado con la huella del pie y vas al registro civil y se le dé sepultura'». A Jiménez le llamaba la atención que, pese al tamaño de la huella del pie, a veces esos paquetes apenas pesaran unos doscientos gramos y que nunca, nunca, le acompañara al registro ningún familiar del supuesto bebé fallecido.
No es la primera vez que Antonio Jiménez cuenta su experiencia. Lleva al menos un año tratando de colaborar con asociaciones andaluzas que investigan casos de niños robados y ya ha dado cuenta de los hechos a la policía judicial.
En Euskal Herria, y a la vista del alto índice de denuncias admitidas a trámite que existen, tiene que haber muchas personas que de forma directa o indirecta conozcan casos de irregularidades en relación a muertes fraudulentas de bebés o tengan sospechas de que los certificados que manejaron con concordaban con los hechos que tenían ante sus ojos. Además de los directamente implicados en las actuaciones delictivas, habrá médicos, trabajadores sanitarios, empleados de funerarias, enterradores de cementerios, funcionarios de registros... que han tenido que ver, oír y hasta el momento callar. O, tal vez, mientras las denuncias particulares no adquirieron la dimensión de escándalo colectivo, nunca ataron cabos, nunca dieron importancia a sus sospechas o, simplemente, no creyeron que lo que intuían pudiera llegar a ser verdad.
Antonio Jiménez rompió su silencio y ha optado por tener presencia pública en los medios de comunicación. No es preciso dar los dos pasos. Bastaría que quien sepa o sospeche algo con cierto fundamento se ponga en contacto con las autoridades policiales o judiciales, o con las asociaciones que trabajan en la materia.