El Ejecutivo español matizó ayer que priorizará las inhabilitaciones frente a las sanciones penales para los cargos públicos que incumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Tras la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, avanzó que el Ejecutivo pretende incorporar a la normativa sanciones por el posible incumplimiento de los objetivos de estabilidad, que dependerán de la reiteración y la magnitud de la desviación. Así, habrá una nueva ley de transparencia que ampliará las obligaciones legales que tendrán los gestores públicos, lo que dará lugar a una eventual reforma del código penal o del procedimiento sancionador administrativo.

Aunque reconoció que las sanciones penales podrían conllevar prisión, la vicepresidenta hizo mayor hincapié en las inhabilitaciones, otro tipo de penalización «también adecuada» cuyas causas podrían ampliarse.

En cualquier caso, aclaró que las sanciones no tendrán efecto retroactivo, en contra de lo propuesto por el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago.

Este asunto fue tratado en el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado martes, de cuyos resultados la vicepresidenta se mostró muy satisfecha, ya que además de lograr el apoyo autonómico a la ley de estabilidad presupuestaria y a los programas de racionalización del gasto público, se han pactado medidas para facilitar liquidez a las comunidades.

Suspensión de pagos andaluza

Por otra parte, Sáenz de Santamaría reconoció que el Ejecutivo ve «con preocupación» las noticias sobre una hipotética suspensión de pagos por parte de la Junta de Andalucía, negadas por el presidente andaluz, José Antonio Griñán.

En la rueda de prensa de ayer, la vicepresidenta del Gobierno español dejó claro que la Junta andaluza, al igual que todas las instituciones, están obligadas por las leyes y por los compromisos.

Ante una información publicada por un diario madrileño, el presidente del Gobierno autonómico andaluz aseguró ayer que la administración autonómica «no está en suspensión de pagos». «Estamos pagando y no hemos pedido ayuda al Tesoro», subrayó.