Por sus dimensiones, la operación desatada por el FBI contra la web Megaupload marca un antes y un después. Y por su contexto también, ya que se produce en pleno debate sobre las leyes SOPA y PIPA (relativas a sus iniciales en inglés) en las cámaras legislativas estadounidenses, que ya había dado pie a protestas como el apagón de Wikipedia el pasado miércoles.

La necesidad de luchar contra lo que denomina «piratería» ha sido el argumento utilizado por la Administración Obama para cerrar fulminantemente esta página y hacer detener a sus propietarios, que se encontraban en Nueva Zelanda. El FBI les acusa en su demanda, parafraseando el nombre de la página, de formar «una megaconspiración, una organización criminal de dimensiones mundiales cuyos miembros tomaron parte en infracciones criminales de los derechos de autor y en lavado de dinero a escala masiva».

Pero las afecciones van muchísimo más allá que los cuatro gestores principales, porque Megaupload sumaba ya unos 180 millones de usuarios registrados después de seis años de actividad. En la web se podía encontrar -y descargar- absolutamente de todo y al instante, bien gratuitamente o bien pagando una cantidad asequible en función de la velocidad de descarga. Una tarifa habitual venía a ser de 60 euros al año (cinco al mes). La cifra resulta pequeña, pero su multiplicación por millones de usuarios dispara los ingresos. La Policía neozelandesa afirma haber incautado propiedades de gran lujo a los cuatro propietarios detenidos.

Particulares y empresas

A partir de aquí, las preguntas se multiplican tanto como el número de afectados. Y es que Megaupload no solo funcionaba como una página clásica de descargas, sino que era utilizada también para guardar archivos de todo tipo, es decir, como una especie de base de datos.

Así, a lo largo del día de ayer aparecieron como afectados desde personas que almacenaban ahí sus fotografías hasta empresas que guardaban sus balances, con la intención de que estos pudieran ser compartidos por sus familiares o amigos en el primer caso y por empleados o clientes en el segundo... En su caso, no solo han perdido el dinero que pagaban como cuota, sino también la información insertada.

Asociaciones de consumidores del Estado español anticiparon que el cierre de Megaupload provocará «indefensión» a los usuarios. FACUA-Consumidores en Acción apuntó que teóricamente tienen derecho a recuperar sus archivos privados almacenados en los servidores, para lo que el Gobierno estadounidense debería ponerlos a su disposición, pero no es difícil imaginar que el proceso resultará muy laborioso y probablemente imposible.

Por el contrario, colectivos como la llamada Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos consideran que acciones como esta de la Administración Obama muestran que es posible actuar en internet contra las descargas de libros, discos o películas: «No tengo ninguna duda de que, si se aplican con este rigor las leyes, se acaba con el problema. Es lo que ha ocurrido con otro tipo de problemas, por ejemplo con la vulneración de las normas de tráfico», indicó a la agencia Efe su director, José Manuel Tourné. Este sector destaca además que no se trata de una operación exclusiva de Estados Unidos, ya que ha contado con la participación de las policías de Nueva Zelanda -donde vivían los gestores-, Hong Kong -donde empezó a funcionar la web-, Gran Bretaña, Alemania, Holanda, Canadá y Filipinas.

Los propietarios se encuentran ahora en prisión preventiva. Se trata del alemán Kim Schmitz, más conocido como Kit Dotcom, que es el fundador de Megaupload, de otros dos ciudadanos alemanes y de un holandés. A su paso por la audiencia, aceptaron ser fotografiados y destacaron que «no tenemos nada que ocultar».

Controlar o no, y cómo

El debate añadido es hasta qué punto se puede controlar internet -es decir, poner puertas al campo- y cómo se hace eso sin perjudicar a personas que no han vulnerado ninguna ley, como los usuarios que se limitaban a compartir sus archivos personales o empresariales a través de Megaupload.

Así, el presidente de la Asociación de Internautas del Estado español, Víctor Domingo, acusó al FBI de poner en marcha una especie de «Guantánamo digital» en el que los impulsores de esas páginas son tratados como «terroristas» o «una especie de talibanes».

La redada ha sido interpretada desde este sector como un intento de acelerar las leyes SOPA y PIPA, sobre las que crecían las reticencias de congresistas y senadores en los últimos días, tras la oleada de protestas en la Red. Sin embargo, parece que más bien puede tener un efecto bumerán. De momento, ayer se anunció que la votación sobre ambas leyes se aplaza a la espera de lograr consensos, y ambas quedan de momento en una especie de limbo que pone en duda su viabilidad.