La neolengua que explica las iniciativas del PP en el Gobierno español ya dispone de un nuevo término: «prisión permanente revisable». Este eufemismo esconde la cadena perpetua de toda la vida. No me refiero al caso de los presos políticos vascos. Con ellos, el Estado español no tiene ningún remilgo a la hora de retorcer la ley. Lo que ahora quiere el Gobierno es castigar de por vida a quienes, al margen del conflicto, hayan cometido un delito que «genere alarma social».

El cambio fue anunciado por Alberto Ruiz Gallardón que, menos mal, lo pintaban moderado. Si no, me lo imagino restituyendo la hoguera. Aunque él solo es el ejecutor. Lo que verdaderamente atemoriza es el caldo de cultivo que le precede. Siempre funciona igual. Ante un crimen, un hecho excepcional, se abre la veda. Primero, con programas de televisión obscenos, donde se exprime el dolor hasta la náusea. Luego, dando por hecho que la venganza es una especie de justicia del sentido común, se clama por la legalización del linchamiento.

Cada vez que se retransmiten casos mediáticos como el de Marta del Castillo, se me ponen los pelos de punta al escuchar que 20 años de cárcel es una pena baja. Si contamos con que la esperanza de vida es de 79 años (algo más en el caso de las mujeres) y que, generalmente, un delito se comete en mayoría de edad, estamos hablando de que hay quien se manifiesta porque le parece escaso enclaustrar a alguien un tercio de su vida. Lo que quieren es lapidarlo.

«Podría ser tu hija», claman. Claro, ¿cuándo el padre de una joven muerta en esas circunstancias considerará que el responsable ha cumplido una pena? Nunca. Por eso, desde los griegos, las sociedades se dotan de leyes.

El Estado no me simpatiza. De hecho, mi posición se resume en la cita del escritor irlandés Brendan Beham: «Siento una total irreverencia para con todo lo relacionado con la sociedad excepto con lo que hace que las carreteras sean más seguras, la cerveza más fuerte, que los hombres y las mujeres mayores estén más calientes en invierno y más felices en verano».

Sin embargo, estas llamadas a constituir la turba como garante judicial me llevan a pensar que, de facto, Ana Rosa Quintana ejercerá como fiscalizadora y el trending topic de twitter ocupará el lugar del jurado popular. Y eso da miedo. Nos han acostumbrado a confundir justicia con venganza. Una perversión del lenguaje que solo beneficia a esos sectores populistas cada vez más abrazados al fascio. Vamos a independizarnos antes de que ganen.