Algo bueno tenía que tener. La crisis y las estrecheces económicas de las instituciones se han convertido en aliadas de la desaparición de individuos armados de nuestras calles. De momento, la bajada se nota sobre todo en el sector de los escoltas privados -que en unos meses, o tal vez semanas, quedarán reducidos a cifras casi simbólicas-; pero el PNV no ha dudado en unir final de la actividad armada de ETA con ahorro para pedir que la mayoría de los 4.000 agentes de la Guardia Civil y la Policía española que hay en la CAV se vayan del Ebro para abajo. Lanzó la idea el presidente del EBB, Iñigo Urkullu, en su discurso de reelección del pasado 15 de enero, y la ha retomado esta misma semana el diputado Aitor Esteban ante el ministro de Interior, Jorge Fernández, apelando a que esos efectivos podrían «aprovecharse, en un momento como el actual de escasos recursos, en otras funciones».

En una situación de bonanza económica, las instituciones no hubieran dudado en mantener un número más o menos elevado de personas «protegidas» pese al anuncio de ETA. Detrás de los servicios de escoltas privados hay muchos intereses económicos y también políticos. Se ha comprobado en periodos en los que era evidente que ETA no iba actuar, pese a lo que los gastos de «seguridad» se mantenían casi intactos.

Sin embargo, en esta ocasión, la situación es otra. El ministro de Interior, Jorge Fernández, que todavía dice dudar de las intenciones de ETA, anunció el lunes en el Congreso que «dentro de la política de austeridad y racionalización en el empleo de los recursos públicos que va a emprender el Ministerio durante esta legislatura, vamos a abordar una importante reducción de los servicios de protección que se venían prestando hasta el momento».

Unas pocas decenas

Cuando ETA anunció en setiembre de 2010 que hacía meses que había decidido no realizar acciones armadas ofensivas, el Departamento de Interior del Gobierno de Lakua, en coordinación con el Ministerio de Interior, inició una retirada progresiva de escoltas privados, que se vio reforzado tras el alto el fuego general, permanente y verificable de enero de 2011. Según datos oficiales, en el Estado español había más de 1.500 personas con escolta. Una parte eran protegidos por ertzainas, guardias civiles y policías, pero muchos contaban con seguridad privada. En el último concurso público realizado por Lakua, se podían contar un total de 1.045 escoltas privados, a los que debían sumarse los 700 contratados por el Ministerio de Interior para Nafarroa y otros territorios. En total, el coste en seguridad privada superaba los 200 millones de euros anuales en el conjunto de Euskal Herria.

Los datos que ofrecen los sindicatos y asociaciones de escoltas son algo superiores, y hablan de que en los momentos de mayor contratación había unos 2.400 escoltas privados en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa. Parte de ese amplio número ya se ha visto reducido en meses anteriores y en la actualidad las empresas de seguridad están presentado EREs de extinción de casi la totalidad de sus empleados. Hace un par de semanas USO informaba de que Casesa prevé dejar en la calle a más de 300 escoltas, Segur Ibérica a unos 280, Coviar a más de 200 y Ombuds a 147. Y hay más. El goteo de expedientes de regulación de empleo en el sector no cesa, y las previsiones son que no queden más que unas pocas decenas.

Los propios escoltas privados comentan cierres de oficinas que se producen de la noche al día y hablan de estrategias de última hora para pagar menos indemnizaciones.

Las empresas no contratan a sus empleados de forma libre, sino que el Departamento de Interior disponía de una lista de 1.045 escoltas que las firmas que obtuvieran cada lote debían de subrogar. Por este motivo hay escoltas trabajando desde finales de los Ochenta y primeros de los Noventa del siglo pasado que han ido pasando de unas empresas a otras en función del resultado de los concursos públicos que organizara Interior.

El último proceso de licitación abierto por el Gobierno de Lakua abarcaba desde setiembre de 2010 hasta febrero de 2012, con posibilidades de prórroga. Pero la mayoría de lotes adjudicados, que correspondían a cargos del PP y del PSE, y a los miembros de la judicatura, están cerrándose ya. Esta misma semana se ha conocido que se retirará la escolta a la mayoría de los jueces, de lo que se informará directamente a las autoridades de la judicatura en los próximo días.

Concentrados en una única empresa

En los ámbitos de la seguridad privada se comenta que todas las labores de escolta privada que el Gobierno de Lakua precise en adelante, y que se todavía se reparten entre nueve empresas los recogerá una firma, Ombuds, que parece ser la única que ha mostrado interés en las reuniones mantenidas con el Departamento que dirige Rodolfo Ares. Ya no hay sitio para tanta compañías como las que se prodigaron hace unos años y que tantos beneficios obtuvieron.

Los escoltas privados que queden serán asignados a casos especiales de protección que se dan en todos los colectivos.

También se dedicarán escoltas a víctimas de violencia de género. Además, se privatizará la seguridad de edificios públicos. Las instituciones no quieren dejar a todo el sector en paro.

«Adecuación» interna y externa

El Ministro de Interior explicó el lunes en el Congreso que tenía asignados 2.668 guardias civiles y policías a labores de escolta. En la Ertzaintza se estima que son más de 400. También aquí se producirá un recorte porque, según el análisis compartido por Jorge Fernández y Rodolfo Ares, «del análisis de la situación actual se colige que el número de protegidos y de protectores está muy por encima de lo que consideramos razonable». Será por tanto preciso hacer una «adecuación» interna de las plantillas. Gran parte de loa agentes serán asignados a otras funciones, al igual que muchos de los que formaban parte de las «unidades antiterroristas». Cabe recordar, por ejemplo, que hace unos meses, mientras en las comisarías de la Ertzaintza faltaban 584 patrulleros con relación a la relación de puestos de trabajo, tenía a 315 de más en labores anti-ETA.

«Adecuación» fue el eufemismo con el que durante el periodo de despliegue de la Ertzaintza se denominó al «repliegue» de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. Los diferentes gobiernos españoles siempre fueron muy susceptibles con la terminología y cualquier palabra que se pareciera a marcharse levantaba sarpullidos. Así que se encontró el término «adecuación».

Un policía por cada 148 habitantes

El PNV y algún documento oficial aprobado por el Parlamento de Gasteiz interpretaron que el concepto «adecuación» definía la «sustitución progresiva» de la Guardia Civil y la Policía española por la Ertzaintza. Madrid, que es por cierto quien tiene la sartén por el mango, entendió que la cantidad de agentes de las FSE en Euskal Herria debía «adecuarse» a sus propias necesidades, lo que conllevaba cerrar algunas instalaciones, como en otros puntos del Estado. Durante mucho tiempo, el Ministerio de Interior ni siquiera informó a Lakua del número de agentes que tenía en la CAV, mientras que la cifra de ertzainas debía ser aprobada por el Gobierno español.

La cuestión es que en este momento hay en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa unos 2.000 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, unos 4.400 guardias civiles, 8.000 ertzainas, 1.100 agentes de la Policía Foral Navarra y no menos de 3.500 policías municipales. En total, 19.000 policías, es decir, uno por cada 148 habitantes.

En términos de densidad policial (número de agentes por cada 100.000 habitantes) Euskal Herria, con 672, dobla la media de la Unión Europea y hasta triplica y cuatriplica la cifras de los países escandinavos.

Se trata de una cantidad inasumible tanto en términos sociales como de coste económico. Por ello, ahora que ETA ha puesto fin a su actividad armada, el PNV ha vuelto a sacar del cajón el artículo 17 del Estatuto y los acuerdos de delimitación de las funciones de cada cuerpo, para entontar su propio «que se vayan». Lo dijo Iñigo Urkullu ante su militancia y se lo repitió el diputado Aitor Esteban al ministro de Interior en el Congreso, esgrimiendo además el argumento de la actual «escasez de recursos». Jorge Fernández no le respondió, lo que no significa que el que calla otorga. Pero a nadie se le escapa que, sin actividad armada de ETA, muchos agentes de las FSE están, en estos momentos, sin una concreta ocupación en Euskal Herria.