La plantilla de Corrugados Azpeitia se haya en pleno proceso de reducción, después de que Lakua diera luz verde al ERE de extinción para un centenar de trabajadores. La lista de bajas «voluntarias» está abierta hasta el próximo viernes y a partir de ahí será la dirección quien la complete.

GARA se ha puesto en contacto con Patxi Altzibar, responsable de LAB-Metal en la comarca guipuzcoana de Urola-Kosta, para recabar sus impresiones sobre la situación de la empresa.

Las últimas noticias pasan por la venta de la planta que el Grupo Gallardo -propietario de Corrugados- tenía en Alemania. La brasileña CSN ha pagado unos 485 millones de euros con los que Gallardo obtiene liquidez «para pagar parte de sus deudas con los bancos, que ascienden a unos mil millones», apunta Altzibar.

El representante sindical denuncia las «sombras» en la gestión de Corrugados. Cita como ejemplo la materia prima con la que se trabaja, la chatarra. «Al tratarla siempre deja un porcentaje de residuo, lo normal es un 10%, un 12% como máximo. Pero aquí había un 18%».

Ese 6-8% de diferencia afecta a unas compras anuales cercanas a los 300 millones de euros. «Es una diferencia de 18 o 20 millones. ¿Nadie veía que esa cantidad de residuo no era normal? Estaban comprando polvo a precio de chatarra», critica Altzibar, quien apunta que con esa diferencia se podría cubrir aproximadamente la masa salarial de toda la plantilla.

Además, destaca que el 26% de los partidas «corresponden a unos gastos de explotación que no se detallan. Todo esto lo hemos denunciado pero nadie nos da explicaciones».

Hasta junio

El Ejecutivo autonómico también aprobó un expediente de suspensión de empleo de 60 días durante los seis primeros meses del año para quienes se queden en la fábrica. «Dicen que a partir de junio se analizará cómo marcha el plan de viabilidad presentado por la empresa», explica Altzibar.

«Están presionando a los trabajadores para que se apunten a las bajas voluntarias. Al que se marche le ofrecen 16 mensualidades a pagar en 30 meses y con la garantía del Grupo Gallardo, no solo de Corrugados. ¿Si tantas garantías ofrecen porque no pagan todo ahora?», se pregunta el responsable de LAB.

La central abertzale denuncia el papel del Departamento de Industria, que «nos aseguró que no ofrecería ayudas a la empresa si no había un acuerdo con la plantilla, cosa que no ha habido». El Grupo Gallardo firmó el pasado miércoles el crédito participativo de 5 millones que le ha concedido el Ejecutivo autonómico.

«Están tratando de salvar su cara. Lo venden como si hubieran hecho algo impresionante, cuando ese plan de viabilidad no garantiza nada, ni el futuro ni los puestos de trabajo. A nuestro juicio, antes de que en junio finalice el actual ERE presentarán otro, por mucho que digan que el plan garantiza el futuro hasta 2016», augura Patxi Altzibar.

El principal pero de dicho plan es que liga su porvenir al de la recuperación del sector de la Construcción en el Estado español. «¿Alguien piensa que va a ir a mejor? No a corto plazo. Lo que tendría que hacer es diversificarse y salir al exterior, pero para ello Corrugados tendría que tener autonomía, porque el Grupo no se lo plantea», indica el representante de LAB.

Altzibar apunta además que la planta de Azpeitia está mejor situada geográficamente para exportar debido a su cercanía al mar, pero que otras plantas del Grupo Gallardo, en Madrid o en Extremadura, lo tienen mejor para proveer al mercado estatal. «Creo que están ganando tiempo para ver si consiguen venderla y convertir activos en dinero», sospecha.