El pasado lunes, 20 de febrero, en las noticias de la noche en televisión apareció la consejera de Justicia del Gobierno de Lakua, Idoia Mendia, presentando el borrador del decreto de reconocimiento a las víctimas estatales entre 1968 y 1978. Este reconocimiento, promovido por el departamento de Derechos Humanos del anterior Gobierno Vasco, es básico para el camino iniciado en la resolución del conflicto político en Euskal Herria, y necesario para las víctimas y sus familiares.

Escuché atentamente a la Sra. Mendia cuando decía que «no es solo una cuestión de reparación e indemnización a estas víctimas, sino que con este decreto queremos descorrer la cortina del silencio, abandono y olvido que ha envuelto a todas ellas durante mucho tiempo. Frente a la impunidad, la verdad por delante». Y me gustaron sus palabras.

Y seguí atendiendo cuando decía que «no es un decreto que vaya a enjuiciar las conductas de quienes hayan podido ser victimarios», y calificaba las acciones de los mismos como «acciones indebidas». Y ya no me gustaron sus palabras, creo que por hipócritas. Pero seguí escuchando y viendo a la consejera en la presentación de un decreto de reconocimiento a las víctimas estatales (no olvidemos el contexto), le oí afirmar, sin ruborizarse ni que le temblara la voz, que quería «tranquilizar» a las víctimas de ETA, garantizándoles que en este decreto «no caben ni la equiparación ni la equidistancia». Y sus palabras me enfadaron, porque volvían a situar como víctimas de segunda a las víctimas que supuestamente iban a reconocer.

De todas maneras, en algo le doy la razón a la Sra. Mendia, y por extensión al Gobierno Vasco del PSOE: mi hermano Mikel Salegi, asesinado por la Guardia Civil en un control de carretera, jamás será «igual o equivalente» al torturador Melitón Manzanas, símbolo de la represión franquista, y reconocido a título póstumo como «víctima».

Cada cuál es responsable de sus palabras y actitudes, Sra. Mendia.