El Pleno del Parlamento navarro aprobó en la noche del jueves una moción de rechazo a la reforma laboral del Gobierno español, que califica dicha medida como «un retroceso social inaceptable y una injusticia inasumible que lesiona gravemente los derechos de los trabajadores».

Ayer, los portavoces de Bildu en la Cámara foral, Maiorga Ramírez y Bakartxo Ruiz, consideraron «muy importante» su aprobación, motivo por el que han presentado ahora a la Mesa y la Junta de Portavoces una declaración institucional para que la Cámara «reafirme su oposición» y pida mantener una reunión con el Gobierno español para expresar «el rechazo del pueblo de Navarra» a la reforma.

Además, en la propuesta se recoge como «oportuno, necesario y urgente» la celebración de una reunión bilateral entre los gobiernos navarro y español en la que se defienda la posición y voluntad del «foro depositario de la voluntad democrática de la ciudadanía navarra» y se exija la derogación inmediata de la reforma.

Al respecto, Maiorga Ramirez advirtió de que al Gobierno de UPN «le gustaría» que la expresión de la voluntad de la ciudadanía evidenciada el jueves en el Parlamento «quedase en un mero testimonialismo».

Sin embargo, cuando «la voluntad de la ciudadanía es expresada con tal nitidez y de una forma tan mayoritaria», esto «implica necesariamente a los gobernantes y a los representantes del conjunto de la ciudadanía navarra».

Al respecto recordó a Yolanda Barcina que es «la presidenta del Gobierno de Navarra, de todos los ciudadanos de Navarra», por lo que es «obligación democrática actuar inmediatamente en defensa de esta voluntad. De lo contrario, estaría primando sus principios ideológicos e intereses políticos sobre los intereses y la voluntad de la mayoría de la ciudadanía».

«No cabe resignación», subrayó Ramírez, cuyas palabras fueron refrendadas por Bakartxo Ruiz, para quien en el Parlamento se evidenció la «mayoría progresista» navarra frente a una «derecha que se ha quedado sola en el ataque a los trabajadores».

Ruiz se mostró asimismo esperanzada de que la unidad recabada en la Cámara pueda ser asimismo válida para próximas movilizaciones contra los recortes sociales.

Recortes en la función pública

Respecto a las medidas propuestas por el Ejecutivo navarro para reducir en 25 millones de euros los gastos de personal, el vicepresidente y consejero de Presidencia, Roberto Jiménez, aseguró ayer que dichas medidas «son las menos lesivas» de las que se podían haber planteado.

«Hay otras posibilidades de rompe y rasga», afirmó, citando como ejemplos la bajada de sueldo, el aumento de jornada o la rescisión de contratos laborales, a lo que añadió su disposición a negociar las alternativas que le puedan plantear los sindicatos siempre que se consiga el ahorro perseguido.

De esta manera, respondió a las críticas de NaBai, Bildu e Izquierda-Ezkerra, partidos todos ellos que mostraron su rechazo expreso a las propuestas planteadas por el Ejecutivo.

ELA, LAB y STEE-EILAS anunciaron el miércoles que suspenden su participación en la Mesa General de la Administración «hasta la retirada de todas las propuestas regresivas», al entender que buscan el empeoramiento de las condiciones de trabajo del sector público y en consecuencia el desmantelamiento de los servicios públicos.