Siguiendo con la ronda de presentaciones del informe anual, el Observatorio Vasco de los Derechos Lingüísticos se reunió ayer en Donostia con el Ararteko, Iñigo Lamarca, para trasladarle que es «imprescindible» llevar «el deber de respetar los derechos lingüísticos a la realidad».

La directora de Behatokia, Garbiñe Petriati, a quien acompañó Arantza Haranburu, acudió a la sede de la Oficina del Ararteko para comunicar una vez más que «a pesar de que el euskara tiene estatus de oficialidad en los tres territorios y la ley reconoce los derechos lingüísticos, no se han implementado los mecanismos jurídico-administrativos necesarios para la garantía de los derechos lingüísticos del euskara».

En este sentido, destacó que «las distintas entidades están lejos de cumplir las consecuencias jurídicas que conlleva consigo la oficialidad», para a continuación añadir que «la falta de obligatoriedad en el cumplimiento de la legislación para la garantía de derechos, eterniza la vulneración de derechos lingüísticos».

Tal como explicó en su comparecencia, en los últimos diez años «se han repetido las vulneraciones de derechos lingüísticos en algunos ámbitos, que han sido un punto negro en lo que se refiere a la garantía de estos derechos».

Como ejemplo, apuntó a que, en el ámbito de la salud, «ha quedado en evidencia que, tanto los decretos como los planes de euskaldunización de Osakidetza no han resultado ser mecanismos eficaces a la hora de proteger y garantizar los derechos de la ciudadanía».

Conculcación sistemática

Además, señaló como «otro de los puntos negros» el del ámbito de la justicia, en el que «la conculcación ha sido sistemática, puesto que la lengua principal y casi exclusiva es el castellano».

En lo referente al Departamento de Interior de Lakua, Petriati criticó que «aparte de no garantizar el servicio en euskara, el trato vejatorio por parte de los agentes ha sido una de las actitudes que más se han denunciado».

En el ámbito socioeconómico, citó el decreto 123/2008 con medidas «que se basan en la voluntad y tienen el riesgo de eternizar y sistematizar la vulneración de derechos lingüísticos».

Con los datos de los últimos diez años, señaló que «no está garantizado el derecho de los euskaldunes a vivir en euskara» y achacó a las administraciones esta vulneración. Por ello, exigió más medios para garantizar la oficialidad del euskara.