Amaiur emplazaba ayer al Gobierno español a aplicar la justicia transicional, una vía que en no pocas situaciones ha contribuido con éxito a lograr una situación de normalización y de paz justa. Esa defensa del papel que la Justicia puede «y debe» jugar en épocas de transición, y en concreto en esta que vive Euskal Herria, recibió como respuesta la voluntad de mantener el enrocamiento del Gobierno español, manifestada por su ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien quiso justificar esa posición diciendo que el Estado español «no se va a debilitar en su lucha contra el terrorismo». El exalcalde de Madrid quiso transmitir con sus palabras una fortaleza política que el Estado no tiene. En efecto, el Ejecutivo de Rajoy, con su postura ante el nuevo tiempo abierto en Euskal Herria, hace más patente la inexistencia de esa fortaleza de la que constantemente alardea, en realidad una debilidad que pretende disimular con su inmovilismo. Una actitud cada día más incomprensible y que terminará logrando el efecto contrario al que pretende. Mantener la excepción como ley, más aún en una situación de distensión unilateral, en modo alguno revela fortaleza democrática, sino flaqueza política. Ayer el ministro no debía de tener en mente el adagio que reza «dime de qué presumes y te diré de qué careces», pero bien se lo podría aplicar.