Un tribunal islandés comenzó ayer el juicio contra el ex primer ministro, el conservador Geir H. Haarde, acusado de mantener una actitud negligente ante el colapso bancario de 2008 y que puede ser condenado a dos años de cárcel. El proceso contra el exmandatario, que se va a desarrollar en una corte especial creada hace más de un siglo para juzgar a miembros del Gobierno, fue aprobado en otoño de 2010 por el Parlamento y constituye el elemento más llamativo del modo en que Islandia ha respondido a la gestión institucional de la crisis que hace cuatro años llevó al país nórdico al colapso financiero.

En aquel momento, el relato de una sociedad puntera a nivel mundial -según la OCDE entonces Islandia era el tercer país más desarrollado del mundo- saltó por los aires y la ciudadanía tuvo que optar entre atender a las demandas de la comunidad internacional, no muy diferentes a las que se han aplicado en otras latitudes, o movilizarse para romper con los responsables de la bancarrota y, a su vez, mantener la soberanía nacional. Y se decantaron por lo segundo, sin caer en la resignación y, asimismo, haciendo gala de una cultura democrática inexistente en otros estados europeos. Así, por ejemplo, en sendos referendos los islandeses rechazaron una ley que pretendía indemnizar a los 300.000 británicos y holandeses que habían depositado sus ahorros en el banco Icesave, atraídos por la rentabilidad que este les ofrecía pero conscientes de que su solvencia era menor que la de cualquier entidad de sus respectivos países. Haciendo caso omiso a su clase dirigente, la sociedad islandesa decidió plantarse y han sido los políticos los que han tenido que adaptarse a ella.

El caso de Islandia es una excepción en la gestión de la crisis y en la respuesta social a la actitud de sus causantes. Si cundiera el ejemplo, si todos los responsables políticos e institucionales contaran con que van a tener que responder por sus actos, y si quienes han ocasionado esta situación fueran juzgados, el futuro sería menos angustioso para la ciudadanía y habría una mayor garantía de que lo ocurrido no volverá a repetirse.