![](http://www.gara.net/naiz/naiz.gif)
Alcaldes del PSE piden que se mantenga la demora para devolver el dinero de Udalkutxa
![p016_f01_097x080.jpg p016_f01_097x080.jpg](/Repository/Imagenes/Pub_3/Issue_7511/p016_f01_097x080.jpg)
GARA | BILBO
Alcaldes del PSE pidieron ayer a la Diputación vizcaina que mantenga la propuesta de devolución de las partidas de Udalkutxa a lo acordado en octubre y que no trate de modificarlo para recuperar antes el dinero.
El primer regidor de Ermua, Carlos Totorika, acompañado de sus homólogos de Barakaldo y Portugalete, Tontxu Rodríguez y Mikel Torres respectivamente, hizo un llamamiento a la Diputación para que «ayude» a los ayuntamientos y retrase el cobro de los 47,5 millones de euros que, según sus datos, deben devolver los consistorios, algo que parece «razonable» cuando la institución foral «está aplazando más de 250 millones a las empresas de Bizkaia».
Totorika explicó que algunos ayuntamientos vizcainos ya han elaborado el presupuesto para 2012 tomando como referencia las «orientaciones» que en octubre hizo la Diputación sobre cómo se devolvería ese dinero, y criticó que «en febrero plantee otros criterios para devolver el dinero más rápido».
El primer edil de Ermua alertó de que los ayuntamientos que ya han aprobado sus cuentas para este ejercicio se encuentran ahora con «desequilibrios muy importantes» porque, según Totorika, en octubre la institución foral dijo que la devolución se haría después de este año y ahora propone devolver en 2012 lo correspondiente a 2009 y la mitad de lo referido al ejercicio 2011.
Dijeron que aceptan abonar este año las cantidades correspondientes a 2009, pero proponen aplazar la devolución de la liquidación negativa de 2011, que se pagaría entre 2013 -un 25 %- y 2014 -el 75 % restante-.
La respuesta de la Diputación no se hizo esperar. El portavoz foral, Juan María Aburto, precisó que de momento no se ha adoptado «ninguna decisión definitiva» sobre la fórmula de devolución de la liquidación negativa. También estudian articular algún mecanismo normativo para abordar los pagos a proveedores de los consistorios.