La exdirectora de relaciones con la Justicia del Gobierno de Lakua, Inmaculada de Miguel, y la que fuera responsable del Departamento de Informática del Ejecutivo, Ana Isabel Molina, declararán «en breve» ante la Fiscalía del TSJPV en relación a las irregularidades detectadas en una quincena de expedientes de contratación informática del Departamento de Justicia entre los años 2000 y 2009, que podrían haber supuesto un montante que supera los 23 millones de euros para las arcas públicas.

En declaraciones a Europa Press, el fiscal jefe de la CAV, Juan Calparsoro, puntualizó ayer que el caso está «en fase de investigación» y pendiente de «practicar una serie de diligencias y de pruebas» que esclarezcan los hechos.