Múltiples asociaciones vecinales de Bizkaia emitieron ayer un comunicado conjunto en el que, por un lado, subrayaron el «valor y necesidad» de este tipo de organizaciones en la toma de decisiones de carácter público y, por otro, se mostraron críticos con algunos ayuntamientos por el trato recibido, especialmente en el caso de Bilbo, donde se encuentran en una situación de «marginación total».

En el citado texto se recogen varios consejos que «podrían favorecer que esa toma de decisiones fuera más democrática», al contar con la opinión directa de los vecinos, tal como declaró a GARA Carlos Ruiz, portavoz de los firmantes.

Entre esas propuestas, destacan aquellos que reclaman que las asociaciones vecinales sean reconocidas como «un actor público con perfil propio en el entramado participativo vasco», atribuyéndoles derechos y obligaciones específicos.

De la misma manera, estas asociaciones ciudadanas abogan por copiar modelos que se han puesto en marcha satisfactoriamente en otros países, «habilitando mecanismos de participación vecinal de carácter vinculante para las instituciones» en determinados temas, como presupuestos municipales de obra pública, usos del suelo público o la implantación de nuevas actividades en el entorno en el que trabajan.

«Nos tienen marginados»

Este comunicado también está dirigido, según explicaron sus promotores, a Eudel y, especialmente, «a algunos ayuntamientos, en su gran mayoría gobernados por el PNV», en los que estas organizaciones se encuentran en una situación de «marginación total» en la toma de decisiones sobre cuestiones globales del municipio.

El caso más evidente, subrayaron, es el de Bilbo. Tal como indicó Carlos Ruiz, el Ayuntamiento que dirige Iñaki Azkuna tiene sobre la mesa «cinco solicitudes para reunirnos con ellos sobre la mesa», a las que aún no ha contestado.

Los grupos políticos que componen la oposición en el Consistorio bilbaino han planteado ya diferentes enmiendas para corregir este déficit participativo. «que han sido acogidas con extrañeza por el grupo jeltzale y especialmente por Azkuna», postura que, a juicio de Ruiz. «refleja que el PNV potencia la participación pero solo de las asociaciones y organizaciones que ellos controlan».

Las fricciones no se limitan al campo de la participación. Los horarios de los cierres de los bares, por ejemplo, han sido también terreno para la discrepancia. Por ello, Ruiz considera que «todas y cada una de las decisiones tomadas por este Ayuntamiento buscan favorecer a la clase empresarial más potente económicamente, por encima de los derechos de los vecinos».

Especialmente ilustrativo resulta el caso del Consejo Cívico de la Villa, órgano consultivo dependiente directamente del Ayuntamiento y la más alta instancia de representación vecinal. En los últimos treinta meses, se ha reunido únicamente dos veces, y ambas después de que las asociaciones insistieran durante semanas. Un ejemplo más de como gobernar «de espaldas al pueblo», señaló Ruiz.