Yiannis Rachiotis no duda en afirmar que «Grecia ya no es un Estado, es un protectorado», pues no cuenta con libertad económica, se maneja desde el extranjero y tiene un Gobierno y una élite colaboracionista. Así hay que interpretar «las taxativas órdenes impuestas por la Troika [Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional], que recogen hasta en los más mínimos detalles los cambios legislativos que tienen que ser puestos en práctica, y las garantías adoptadas para dosificar el préstamo en caso de no cumplir con el memorando».

«Los acreedores internacionales quieren cambiar toda la estructura jurídica del Estado», asegura Rachiotis, que agrega que «quieren ese cambio en tres meses, a pesar de saber que eso sería imposible incluso en Alemania, no digamos ya Grecia que no es un país estructurado.

Así, explica que «cuando, por ejemplo, se imponen medidas para organizar el sistema de justicia, pero con la exigencia de que se realicen de manera fulminante, en pocos días, son conscientes de que es algo imposible de llevar a cabo». De ese modo, concluye Rachiotis, tienen la excusa para frenar o congelar el abono de las cantidades contenidas en el préstamo.

Pero junto a este proceder de las instituciones financieras, este abogado griego también denuncia la participación de una élite profesional y económica griega colaboracionista con las medidas incluidas en el nuevo contrato de préstamo. Esto se explica, según Rachiotis, porque «el documento demuestra un vasto conocimiento, hasta en cuestiones marginales, sobre el funcionamiento de nuestro corpus legal».

Y eso le lleva a afirmar que «hemos llegado a ser una colonia, a todos los niveles tiene un conocimiento exhaustivo y perfecto de los detalles profesionales, con la ayuda de una parte de la intelligentsia griega».

¿Qué han supuesto en el terreno de la Justicia los memorandos de préstamo firmados por Grecia?

En el primer contrato de préstamo (mayo de 2010) las directrices iban encaminadas a quitar fondos y recursos al pueblo. Así se inició el derribo del sistema público de salud, mediante la reducción presupuestaria, pero también haciendo muy complicadas la tramitación de las bajas por enfermedad, la propia asistencia sanitaria o el cobro de indemnizaciones médicas. A los abogados se nos aplicó el IVA más alto (del 23%) y nos incrementaron las cotizaciones de la Seguridad Social, lo que hizo que se redujera la oferta de letrados.

Ahora, con el segundo memorando, se trata de profundizar y perfeccionar esa transferencia de dinero de los pobres a los ricos. En nuestro caso, las medidas son concienzudas y muy numerosas, encaminadas todas ellas a favorecer la creación de un poderoso lobby de abogados que trabaje coordinadamente con la élite gobernante, y acabar de ese modo con los que defendemos a los trabajadores o a las personas con menos recursos.

¿A qué tipo de medidas se está refiriendo?

La idea es favorecer el crecimiento de los bufetes más importantes y que se transformen en poderosas empresas. Citaré algunos ejemplos: hasta ahora los bufetes, grandes o pequeños, solo podían estar integrados por licenciados en Derecho, pero en adelante podrán incluir a otros profesionales como economistas, publicistas...; también se les permitirá abrir sucursales en cualquier punto del país, realizar campañas promocionales, patrocinar espacios en los medios de comunicación...

Se elimina el veto a los magistrados de los tribunales de apelación y a los miembros del Tribunal Supremo, para que simultaneen sus cargos con la participación en estas empresas. Y por si esto fuera poco, se elimina la restricción que impedía a los abogados firmar más de un contrato con el Estado mientras éste tuviera vigencia.

Teniendo en cuenta que, de un modo u otro, todos los ministros forman parte de algún bufete, no es muy difícil imaginar quienes se quedarán a partir de ahora con todas las adjudicaciones de la Administración pública.

Pero el memorando también incluye otras medidas, como por ejemplo la que trata de acabar con las asociaciones corporativas de ámbito privado (colegios profesionales o sindicatos) mediante la prohibición de las aportaciones económicas por parte de particulares. Es decir, de ponerse en práctica esta ley impedirá que los afiliados coticen a su organización.

Quieren atomizarnos, acabar con la organización social, pretenden aislarnos y dejarnos solos ante la maquinaria del Estado. Todo va en esa dirección.

¿En relación a la administración de la Justicia, cómo afectarán estos cambios de los habla a los ciudadanos?

Quieren convertir el ejercicio de la Justicia en un mercado y tratan de expulsar de éste a los abogados con menos recursos, precisamente porque trabajan con personas que tampoco los tienen. Quienes se están viendo favorecidos por las transferencias de capital procedentes del Estado o de los acreedores internacionales -profesionales de alto nivel, empresas de seguros, hospitales privados...- ayudarán al fortalecimiento y la expansión de las grandes firmas de abogados. Por el contrario, cuantos nos dedicamos a defender a los ciudadanos de a pie nos veremos abocados a abandonar la profesión ante la caída vertiginosa de los ingresos de la mayoría de la población.

¿En qué situación se encuentra el turno de oficio?

La asistencia gratuita de letrados financiada por el Estado es residual. No existen fondos para universalizar este derecho. En los últimos cinco años este servicio solo se ha prestado en las grandes ciudades y sus beneficiarios han sido quienes no contaban con ningún tipo de ingreso y únicamente en caso de delitos graves. En la actualidad el juez asigna el abogado de oficio horas antes de que se inicie la vista, por lo que en muchos casos no da tiempo ni a leer el expediente. Es una auténtica farsa.