Los cambios en las legislaciones de extranjería se han convertido en una constante en los llamados países del «primer mundo». Bajo el paraguas de estas leyes se atenta contra derechos tan universales como la libertad y la igualdad de millones de personas por su condición de inmigrantes. Leyes dirigidas a perpetuarles como ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría, empujados a una inferioridad social que acaba situando a estas personas como un colectivo detestado, perseguido y excluido, sobre el que parte de la sociedad va construyendo su propia imagen racial: pobres del mundo.

Legislaciones que establecen muros y barreras desde un racismo institucional que marca líneas de separación entre unos y otras, consintiendo una absurda superioridad que crea sentimientos de indiferencia basados en el miedo, la ignorancia y la incomprensión.

Una oportunidad que no desaprovechan quienes no ven personas sino negocio. Enmarcan a los y las inmigrantes en una nueva «raza», y consciente o inconscientemente la ven inferior; una raza pobre con un plus: vulnerable y necesitada. Mejor aún sin documentación. Carne de cañón para la explotación.

Una situación que tiene, entre otras consecuencias, la asunción de estereotipos que son, desgraciadamente, frecuentemente utilizados por parte de la sociedad, en la tranquilidad de que el comentario despectivo o la acusación no provoca todavía en su entorno un rechazo o una respuesta contundente hacia los que lo hacen.

Mientras tanto, cada día mueren cientos de personas, de esa raza de pobres buscando un «Dorado» o, lo que es lo mismo, luchando por mejorar su calidad de vida. En una patera, un desierto, una carretera, una empresa o en una obra de construcción. En el camino a su meta se han convertido en los desahuciados y ninguneados, quedando atrapados en el engaño y chantaje dentro de una realidad que sólo ofrece explotación para sobrevivir.

De igual forma, los miembros de esa raza pobre pueden estar encerrados en un Centro de Internamiento para extranjeros y extranjeras, más conocidos como CIEs. O, lo que es lo mismo, cárceles donde se han denunciado malos tratos y vejaciones e, incluso, se han registrado muertes. Todo por el hecho de incurrir en una falta administrativa, o sea, no tener papeles. Lamentablemente, esto ocurre mucho más cerca de lo que pensamos. No solo en Centroamérica, sino aquí mismo, en una Europa que a la vez que retrocede en sus derechos sociales avanza en el racismo y la xenofobia.

No podemos continuar ignorando esta realidad. Es preciso rechazar la normalización de toda manifestación racista y denunciar las políticas de racismo institucional. Por eso, hoy, 21 de marzo, Día contra el Racismo y la Xenofobia, debemos denunciar y exigir políticas efectivas que garanticen los derechos, la defensa y los valores que, como sociedad, hemos alcanzado para todos y todas.