Los 72 años de cárcel y 108.000 euros de multa que la fiscalía pide a los participantes en un piquete informativo durante la huelga de enero de 2011 son, en primer lugar, un intento de castigo totalmente inaceptable que merece un rotundo rechazo a la par que toda la solidaridad para con esas personas. En segundo lugar, supone la criminalización del derecho de huelga, cada vez más mermado por las condiciones del mercado laboral y la actuación de las instituciones tendente a minimizar el impacto de las protestas. Por último, como ayer denunciaba la mayoría sindical vasca, no parece casualidad que la petición fiscal se dé a conocer una semana antes de la huelga general convocada para el 29 de marzo. Y, aunque no lo fuera, lo han hecho en el momento más adecuado para extender una percepción de la huelga como algo peligroso y amedrentar, aún más a los trabajadores, muchos de ellos con grandes dificultades para salir a la huelga derivadas de sus precarias condiciones laborales y el consiguiente mayor peligro de perder su empleo. Con actuaciones policiales y judiciales de ese tipo, sobran las exigencias de la patronal de revisar el derecho de huelga.